¿Están los españoles dispuestos a recoger aceitunas en el campo español? Desde que se conoció la noticia de que el Ministerio de Trabajo e Inmigración tiene planeado reducir "a cero" la contratación desde sus países de origen de trabajadores extranjeros, las asociaciones de inmigrantes han lanzado esta pregunta al aire.
La intención del Gobierno es dar prioridad a los 2,5 millones de parados españoles que, según sus planes, deberían ocupar esas decenas de miles de puestos de trabajo que, cada año, las empresas cubren en el exterior. Se trata de los "empleos de difícil cobertura", denominados así porque no existe demanda para ellos entre la población activa nacional.
La idea del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, es limitar el catálogo de estos trabajos y, así, forzar a las empresas a que contraten a parados a través de los servicios públicos de empleo. Además de las acusaciones de que el Gobierno está transmitiendo un mensaje que relaciona inmigración y crisis económica que podría tener un impacto xenófobo, enseguida han surgido más interrogantes: ¿Querrán los parados españoles hacer algunos de los trabajos que hoy en día desempeñan los inmigrantes? Y una duda aún mayor: ¿Adecuarán los empresarios los salarios a las exigencias de los trabajadores españoles?
Sobre este punto enseguida han llamado la atención varias voces. Entre ellas, COAG Andalucía. Los agricultores andaluces serían a priori uno de los colectivos más damnificados por la medida del Gobierno, ya que gran parte de los contingentes de trabajadores de campaña que recogen las cosechas del campo español proviene del extranjero.
Según COAG Huelva, para la presente campaña de plantación son necesarios alrededor de 6.000 trabajadores, que este año han tratado de contratar primero entre la población nacional. El resultado ha sido nefasto. "Hemos hecho una labor estéril, porque desde el principio sabíamos que no íbamos a obtener ningún resultado positivo: sólo entre el 1 y el 2 por ciento de los entrevistados estaban interesados", explica Juan Antonio Camacho, secretario provincial de la organización agrícola. Ana María Corral, responsable del departamento de migración de UGT, también advierte de que hay que tener en cuenta la posibilidad de que habrá puestos de trabajo "que podrían llegar a quedarse sin cubrir".
Raúl Jiménez, presidente de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui, también se muestra escéptico sobre el hecho de que los parados nacionales quieran ocupar los trabajos que hoy desempeñan los inmigrantes. "No creo que ningún español vaya a aceptar hacer turnos de más de 12 horas en negocios como la hostelería" (un sector donde se practican habitualmente contrataciones como las que ahora quiere limitar el Gobierno), explica. Mención aparte merecen los salarios. Diversos estudios calibran que la diferencia entre el sueldo de un inmigrante y el de un trabajador español puede ser de en torno a un 30 por ciento.
Otra de las dudas que se plantean en torno a la medida es si verdaderamente tiene un sentido práctico. Los trabajos que pertenecen al catálogo de "empleos de difícil cobertura" se abren a la contratación de extranjeros precisamente porque ya han pasado por las bolsas de trabajo públicas sin que nadie los haya solicitado. ¿Entonces? ¿Se ofertarán una y otra vez hasta que alguien los coja?
En este sentido, aunque todavía se desconoce qué tipo de trabajos van a desaparecer del catálogo, parece que los planes del Ministerio de Trabajo pasarán por mejorar y centralizar los servicios públicos de empleo, de manera que los puestos vacantes se oferten en el conjunto de España y no por Comunidad Autónoma, como sucede ahora. Pero, como algunos ya han afirmado, no era necesario mezclar inmigración para llevar a cabo esta reforma, que ya había sido solicitada por sindicatos como UGT. "Nos preocupa que, en tiempos de crisis, se transmita el mensaje de que los responsables del paro son los inmigrantes", indica Corral. "Es una medida para salir en el Telediario de las nueve", critica un especialista en estudios sobre inmigración que prefiere no revelar su nombre a este respecto.
Todos estos flecos que parecen no haber cuadrado en la ecuación ideada por Corbacho, sumados al rechazo de patronal, sindicatos, inmigrantes y asociaciones de agricultores han hecho que esta misma mañana la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega haya salido al paso garantizando que habrá todas las contrataciones en origen que se necesiten. También Corbacho ha echado el freno y ha admitido que sus palabras se han malinterpretado y que sí habrá contratación en origen.
El cerrojazo a las contrataciones en el exterior es el último golpe del gobierno socialista a los inmigrantes tras las elecciones del pasado 9 de marzo. Aunque lo que más ruido ha hecho ha sido apoyo a la llamada 'Directiva de la vergüenza', Corbacho también ha anunciado futuras restricciones a la reagrupación familiar, que será únicamente para las familias nucleares (cónyuges e hijos menores de 18 años) y no para las extensivas (ascendientes familiares o suegros).
La suma de todos estos anuncios de un ministro al que ya se le acusa de no haber transmitido todavía un mensaje positivo acerca de la inmigración deja un difícil panorama a los extranjeros que traten de entrar en España por la vía legal, cuyos cauces parecen agotados ahora mismo. Así, las asociaciones de inmigrantes temen que la supresión de las contrataciones en origen suponga de facto un aumento de la economía sumergida, el tráfico de personas y la inmigración irregular.
Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Subir al principio de la página
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.