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Formalizan la prisión domiciliaria a una política colombiana condenada por cohecho

EFE
Actualizado 30-08-2008 05:32 CET

Bogotá.-  Las autoridades carcelarias de Colombia trasladaron hoy a su domicilio en Bogotá a la política Yidis Medina, condenada a prisión por haber "vendido" su voto en el Congreso para salvar la reelección del presidente Álvaro Uribe.

La ex congresista, que se hallaba en la penitenciaría bogotana de El Buen Pastor, fue trasladada a su casa por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria por ser cabeza de familia.

El cambio del sitio de reclusión se produjo horas después de que los dos hijos de la mujer, un menor de 15 años y una niña de ocho, se encadenaran a las afueras de la prisión para exigir al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que acatara la decisión de la CSJ.

El alto tribunal había concedido a la ex congresista el beneficio de la prisión domiciliaria tras condenarla, el 25 de junio último, a tres años, cuatro meses y quince días de cárcel por cohecho.

Como representante en el Congreso por el Partido Conservador Colombiano (PCC), Medina confesó haber cambiado su voto para salvar el proyecto de reforma a la Constitución que instituyó la reelección inmediata del jefe del Estado.

La enmienda fue adoptada a finales de 2005 y le permitió a Uribe optar a un nuevo mandato de cuatro años en los comicios de mayo de 2006.

A la misma causa fueron vinculados, por acusación de la ahora ex congresista, el ex ministro del Interior y de Justicia, y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega; el titular de la Protección Social, Diego Palacio, y el entonces secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez.

Un comité de la Cámara de Representantes investiga por los mismos hechos al presidente Uribe, que la semana pasada concurrió al Legislativo para ofrecer su testimonio a los congresistas responsables del caso.

Una exigencia perentoria de la Procuraduría General, órgano de control de los funcionarios públicos, obligó al INPEC a trasladar a su domicilio a la ex congresista.

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