Madrid.- El acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) en septiembre pondrá fin al mandato más largo de la historia del órgano de gobierno de los jueces, que lleva veinte meses en funciones.
El actual CGPJ cumplió su mandato el 7 de noviembre de 2006 y, desde entonces hasta hoy, PSOE y PP habían sido incapaces de poner fin a una situación de bloqueo sin precedentes.
El consenso entre los dos principales partidos del arco parlamentario es imprescindible para la renovación de este órgano porque se exige una mayoría de tres quintos para que el Parlamento nombre a los veinte vocales que lo componen.
De ellos, doce son elegidos de entre una lista de 36 candidatos que proponen los propios jueces, y los otros ocho se escogen entre juristas de reconocido prestigio.
La elección del actual Consejo se produjo en 2001, meses después de que el PP obtuviera la mayoría absoluta y, por lo tanto, su composición reflejaba el equilibrio de fuerzas políticas que había entonces en el Parlamento.
De esta forma, nueve de los vocales se nombraron a propuesta del PP, seis a iniciativa del PSOE, uno por CiU, uno por IU y otro independiente.
Entre los 20 miembros que integran el CGPJ, se incluye también su presidente, actualmente Francisco José Hernando, que fue elegido a iniciativa del PP, y falta por cubrir la vacante que dejó José Antonio Alonso al presentarse en las listas socialistas para las elecciones de 2004.
La llegada del PSOE a la Moncloa, en 2004, provocó que la mayoría del CGPJ dejará de ser afín al Ejecutivo, como se demostró en las numerosas ocasiones en las que el órgano de gobierno de los jueces rechazó algunas de las más importantes iniciativas del Gobierno, entre ellas, la ley de matrimonios homosexuales y el Estatuto de Cataluña.
Esta división entre los sectores conservador y progresista se ha reflejado también en el Tribunal Constitucional (TC), en el que cuatro de los doce magistrados que componen el Pleno están en funciones desde que el pasado 17 de diciembre concluyó su mandato, entre ellos, la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas.
A esta situación hay que sumar la vacante dejada por el magistrado Roberto García Calvo (conservador), que murió el pasado 18 de mayo.
Hasta ahora el PP exigía que el sustituto de García Calvo se nombrara de inmediato, sin vincular este nombramiento a la renovación pendiente de los otros cuatro magistrados, mientras que los socialistas eran partidarios de una sustitución en bloque.
Lo único que ha avanzado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es que la renovación del TC también se producirá "después de agosto", y ni el PSOE ni el PP han concretado la forma en la que van a llevarla a cabo.
En las próximas fechas, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre uno de los asuntos que más ha enfrentado a populares y socialistas, como es el Estatuto de Cataluña.
Además está pendiente también de resolución el recurso del PP contra la reforma del reglamento del Senado, que establece la fórmula para designar con la participación de las Asambleas legislativas autonómicas a los magistrados del TC.
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