Managua.- El Parlamento nicaragüense rechazó hoy, a través de una resolución, la polémica ley de la Unión Europea (UE) que promueve la expulsión de menores de edad y el encarcelamiento en centros especiales de inmigrantes sin papeles por hasta año y medio.
La resolución de rechazo fue respaldada por 64 diputados de los cinco grupos parlamentarios, sin voto en contra ni abstención, y leído en el plenario por la legisladora opositora Mónica Baltonado, de los disidentes sandinistas.
"La Asamblea Nacional de Nicaragua rechaza la directiva de retorno adoptada por el Parlamento Europeo el pasado 18 de junio", señala la resolución.
En el documento los diputados nicaragüenses critican esa ley porque trata como "delincuentes" a los inmigrantes y contradice el acuerdo de asociación que la Unión Europea (UE) promueve con los países centroamericanos.
Los legisladores expusieron que la mayoría de los nicaragüenses que han tenido que migrar hacia distintas partes del mundo, incluida Europa, lo han hecho por razones económicas y sociales, por tanto consideran como "injusto y violatorio que se les trate como si fueran delincuentes al tenor con el espíritu de la directiva de retorno".
Alegaron que la criminalización de la migración irregular y la adopción de medidas discriminatorias a ciudadanos, particularmente a mujeres y niños, no es admisible para los principios democráticos.
"Es contradictorio, además, que en el marco de la globalización se promueva la libre circulación de mercancía y la apertura de los mercados, y al mismo tiempo se cierren las posibilidades a la libre circulación de las personas", denunciaron.
Los legisladores nicaragüenses fundaron esa resolución en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el principio de la Democracia, como un valor universal, que "exige luchar contra toda forma de discriminación, racismo, xenofobia y toda forma de intolerancia".
En la resolución declararon su solidaridad con los nicaragüenses amenazados con esta normativa y reafirmaron su alianza al "frente común de todos los pueblos y Gobierno que han manifestado su rechazo a esta directiva de retorno".
Asimismo, invitaron al Parlamento Europeo a revisar esta política y establecer procedimientos de regularización que permitan que los vínculos entre los Estados y los inmigrantes sean mutuamente beneficiosa.
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