Quito.- El Gobierno ecuatoriano responsabilizó al italiano por las eventuales consecuencias contra algún emigrante de este país andino en Italia tras la aprobación de la Ley sobre seguridad, informó hoy la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) en un comunicado.
La inmigración ilegal se convirtió en delito en Italia, después de que el Senado aprobara un proyecto de ley sobre seguridad que incluye, además, el establecimiento de rondas ciudadanas y amplía el período de retención de los indocumentados.
En la nota, el Gobierno de Ecuador expresa "su más profundo rechazo" ante la adopción definitiva de dicha ley, "al entender que esta norma supone un claro y dramático avance de la política migratoria de Italia hacia prácticas violatorias de los derechos humanos en general, y de las personas migrantes en particular".
La administración ecuatoriana considera que el cuerpo legal adoptado "instituye como delito el derecho a la libre movilidad de las personas, endurece paradójicamente las condiciones para facilitar una inmigración regularizada y aumenta gravemente las penas contra las personas indocumentadas".
Apunta entre otros de los aspectos "más preocupantes" de la norma, el hecho de que se establecen multas para los inmigrantes indocumentados de entre 5.000 y 10.000 euros, y se amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados, que hasta ahora era de sesenta días.
Asimismo, se fija una tasa de entre 80 y 200 euros para aquellos que soliciten el permiso de trabajo, así como el pago de 200 euros en el caso de los inmigrantes que obtengan la nacionalidad italiana.
De igual manera, "se legalizan las llamadas 'rondas' de ciudadanos, que podrán indicar a las fuerzas del orden situaciones relacionadas con personas inmigrantes y que, presumiblemente, denoten un riesgo para la seguridad pública", dice la Senami.
El texto adoptado, "es especialmente perverso en la medida en que alimenta la espiral de violencia xenófoba que padece Italia en los últimos meses", indica.
A la vez, añade, el texto "favorece el surgimiento de prácticas totalitarias de control y represión social, que sin lugar a dudas vulneran tanto los derechos de las personas migrantes así como los derechos fundamentales de los ciudadanos italianos".
Por esas consideraciones, el Gobierno ecuatoriano condena la adopción de esa Ley, "que consagra definitivamente la regresiva política del Gobierno italiano en materia de respeto a los derechos humanos", dice el texto.
Además, estudia la adopción inmediata de medidas para el fortalecimiento de la garantía de los derechos de sus nacionales en territorio italiano; se solidariza con las personas inmigrantes en Italia, independientemente de su origen y situación administrativa.
El pasado sábado, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, calificó como una "barbaridad" la nueva ley.
"Nos vamos a oponer con todas nuestras fuerzas a esa criminalización de la migración. Es una barbaridad. ¿Cómo entender que en este mundo globalizado, donde se permite y se incentiva la movilización de mercancías y de capitales, se criminalice, cada vez más" a la inmigración?, reiteró.
Unos tres millones de ecuatorianos han abandonado su país en busca de mejores oportunidades de vida y la mayor parte de ellos emigró al extranjero a partir de 1998 y 1999, cuando en Ecuador se desató una de las peores crisis financieras de su historia.
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