MADRID.- La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, afirmó hoy que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a adoptar el Plan Nacional de Derechos Humanos, que le entregó ayer la organización, antes de finales de 2008 y que centra su atención sobre los colectivos "más vulnerables", comparando a las mujeres víctimas de violencia de género, los menores y los inmigrantes con las personas detenidas por las Fuerzas de Seguridad.
Khan mostró su "satisfacción", en rueda de prensa en la sede de Amnistía Internacional en Madrid, por las garantías dadas por Rodríguez Zapatero en la adopción del documento, titulado 'España: Un compromiso más firme, una acción más eficaz. Agenda de derechos humanos para la legislatura 2008-2012'.
El texto analiza los avances realizados por el Ejecutivo durante la anterior legislatura, mostrando especial agrado hacia la normativa destinada al control del comercio de material militar y a la lucha contra la violencia de género. Asimismo, define los desafíos y marca el camino hacia la defensa de los derechos humanos dentro y fuera del país.
En concreto, AI valoró la ley sobre los derechos de las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo como "un importante primer paso", pero lamentó que "no haya cumplido las expectativas de lograr verdad, justicia y reparación". Otro de los retos para España, y en general para toda Europa, sería el respeto a ultranza de los derechos de "las personas migrantes".
DIRECTIVA INMIGRACIÓN: "RETROCESO"
Sobre la directiva de retorno de inmigrantes indocumentados, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo, Khan subrayó firmemente: "No tener papeles no significa que no tengas derechos". A su juicio, la nueva normativa constituye "un auténtico retroceso y la criminalización de la inmigración". "Los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras, pero no debe hacerse a costa de socavar los derechos humanos de personas migrantes, estén o no en situación irregular", remachó.
Tras calificar de "decepcionante" la ley que permitirá retener hasta un máximo de 18 meses a personas, incluidos menores de edad, que "no han cometido ningún delito", planteó al Gobierno español el reto de "ponerse a la cabeza de la Unión Europea para desarrollar una política migratoria de mejores prácticas basada en los derechos humanos".
En este punto, la bengalí alertó sobre el racismo y la xenofobia en el ámbito europeo, en tanto que recordó que el Observatorio, creado por el Ejecutivo, "no ha publicado todavía datos ni estadísticas". "El racismo y la xenofobia existen en la realidad, pero son invisibles en términos oficiales", remachó.
TORTURAS Y MALOS TRATOS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Según la organización defensora de derechos humanos, sus investigaciones muestran que, "aunque no se producen de forma sistemática", "continúan recibiéndose alegaciones de torturas y malos tratos por personas de muy diversa índole y de todo el país".
Su secretaria general dijo alegrarse de que "las autoridades reconozcan cada vez que no son anomalías aisladas", e instó a adoptar un mecanismo independiente que investigue todas aquellas denuncias. "Salvaguardas como ésta -afirmó- son las mejor manera de proteger tanto los derechos de las personas detenidas como la reputación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley frente a denuncias falsas".
El Director de Amnistía Internacional de España, Esteban Beltrán, explicó en su intervención que la organización ha solicitado al Fiscal General del Estado una recopilación de los casos de malos tratos, por ejemplo en el ámbito racista. La Institución todavía no ha hecho público este informe, pero aportará "transparencia" en este asunto, según Beltrán.
Preguntada si AI seguirá contabilizando las denuncias presentadas por miembros de la organización terrorista ETA hayan sido demostradas por un juez o no, Khan recalcó la importancia de que "todas sean investigadas" para descartar aquellas que pueden ser falsas. En este punto, tildó de "positiva" la introducción de cámaras de vídeo para vigilar a los arrestados bajo custodia policial, medida implantada en el País Vasco y Cataluña, mientras que definió como "un paso importante" la introducción de la video vigilancia a petición de un juez.
No obstante, reclamó que la medida se haga extensiva a todos los casos de detención, y no sólo al régimen de incomunicación. "En todo caso, la legislación española sobre detención en régimen de incomunicación constituye una anomalía en Europa y debe ser revocada", indicó.
En todo caso, Khan condenó "de forma sistemática y sin reservas" la violencia de ETA como "grave abuso contra los derechos humanos", y rechazó, de forma categórica, "cualquier argumento que pretenda justificarla".
"El Gobierno tiene la obligación de proteger a las personas frente a estos ataques", indicó, para recalcar: "El terrorismo no puede vencerse socavando los derechos humanos y las normas del derecho internacional".
POLÍTICA EXTERIOR
La organización ha acogido con agrado el "compromiso" de España con el "multilateralismo y el apoyo positivo" que ha ofrecido a las instituciones de derechos humanos de Naciones Unidas en los últimos años. Sin embargo, exhortó a Rodríguez Zapatero a ser "audaz" y que adopte "un compromiso similar" en sus relaciones bilaterales con Gobiernos como China, Colombia, Estados Unidos, Marruecos y Rusia.
"Subordinar los derechos humanos a intereses económicos, estratégicos y políticos a corto plazo en las relaciones bilaterales no sólo muestra escasa visión de futuro, sino que contradice y debilita los objetivos generales de la política exterior", afirmó Khan.
Irene Khan, acompañada de una delegación de Amnistía Internacional, ha mantenido reuniones desde el 14 de junio con representantes de la sociedad civil, miembros del Parlamento y del Gobierno.
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