Sevilla.- Dos de los presuntos implicados en el secuestro del empresario gaditano Rafael Ávila, liberado ayer, fueron juzgados en el "caso Arny" de corrupción de menores y Raúl Brey acogió en su domicilio sevillano al bailarín Domingo Arnaldo Concha, que dio nombre al pub, en sus últimos meses de vida.
Fuentes del caso han dicho hoy a Efe que el presunto cerebro de la banda de secuestradores, Luis Miguel Rodríguez Pueyo, de 66 años, fue condenado por la Audiencia de Sevilla a un año de cárcel en 1998 por prostitución de menores en el llamado "caso Arny".
En dicho sumario fueron juzgados 49 hombres acusados de prostitución homosexual con menores, entre ellos el sevillano Manuel Ibáñez Ruiz, de 53 años, que es uno de los nueve detenidos por el secuestro de Rafael Ávila.
Ibáñez, dueño de dos pubs sevillanos de ambiente homosexual, se enfrentaba a una petición del fiscal de 27 años de cárcel pero finalmente salió absuelto del "caso Arny" porque no se demostró que permitiera entrar en sus locales a menores de edad.
Según las fuentes, Ibáñez se había instalado en los últimos meses en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde residía el empresario secuestrado.
Las citadas fuentes han explicado que el detenido Raúl Brey, primo del presidente del PP, Mariano Rajoy, acogió en su piso de Sevilla al bailarín argentino Domingo Arnaldo Concha, conocido como "Arny", en sus últimos meses de vida hasta que falleció, el pasado 22 de diciembre de 2007, a consecuencia de un sarcoma de Kaposi.
Arnaldo había sido desahuciado de su piso en el barrio de Triana y se instaló en el domicilio de Brey, en la zona de la calle Arjona de Sevilla.
Durante los cinco meses que duró el juicio del "caso Arny", Rodríguez Pueyo protagonizó estrafalarias protestas disfrazado de monje, haciendo montajes contra la prensa rosa y acudió a recoger la sentencia en un carro tirado por burros, simulando la quema de brujas en la Edad Media.
Además, durante la instrucción del "caso Arny" denunció, sin éxito, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la juez que instruía el caso y al fiscal jefe de Sevilla por "cooperación necesaria" en el delito, ya que no cerraron los locales implicados pese a tener "garantías" de que allí se prostituían menores.
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