El pederasta Álvaro I.G., alias "Nanysex", ha reconocido en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid que entre 2002 y 2004 abusó de cinco niños de uno a tres años de edad mientras realizaba tareas de canguro. También ha manifestado que estaría dispuesto a someterse al tratamiento de castración química "si fuera necesario".
"Nanysex" se enfrenta a una pena de 39 años de prisión por dos delitos de abuso sexual continuado sin violencia ni intimidación, otros tres de abuso sexual continuado sin intimidación y cinco delitos de producción y distribución de material pornográfico de menores.
Un estudio encargado por el Ministerio de Asuntos Sociales en los años noventa demostraba que hasta un 20% de los menores de 14 años había sufrido algún tipo de abuso sexual. Según afirma el psicólogo forense Miguel Ángel Soria, "el abuso sexual contra menores está incluso muchísimo más extendido que el que se produce contra las mujeres, aunque goza de una visibilidad muchísimo menor".
Ni mucho menos. Hasta un 70% de los abusos a menores se producen en el seno familiar o en el entorno de amistades de la familia de la víctima, por lo que los responsables suelen ser personas perfectamente integradas, e incluso padres de familia. El número de abusadores que sufren trastornos mentales supone un porcentaje ínfimo, que apenas alcanza un 10%, según Miguel Ángel Soria, psicólogo forense y profesor de Psicología Criminal en la Universidad de Barcelona. La gran cantidad de abusos infantiles que se realizan en la familia hace que sean casi invisibles y que la mayoría no alcance el sistema legal. Un grupo de expertos en Criminología señala en un artículo que tan sólo entre un 10% y un 20% de la violencia contra los menores llega hasta los juzgados.
¿Por qué actúan de ese modo los abusadores? Normalmente, las personas que abusan suelen ser plenamente conscientes del daño que provocan y de los beneficios que obtienen con ello. A veces, lo hacen por el afán de experimentar nuevas situaciones, hasta que degenera en una pérdida del control que les lleva a cometer abusos. Otras veces, son sujetos que, ante situaciones de caos (como la pérdida de trabajo u otras situaciones personales difíciles), reaccionan agrediendo a los demás, pensando que a la larga van a ser capaces de controlar la situación. Aunque existen muchas motivaciones que mueven a estas personas, el elemento fundamental es que, antes del acto, realizan procesos mentales para justificar su acción. Por esta razón nunca acuden a buscar ayuda de los especialistas cuando se percatan de que tienen un problema.
Existe un único tratamiento penitenciario que se aplica en prisión a todos los abusadores de menores, sin hacer distinciones entre las diferentes tipologías o las distintas personalidades (hay entre seis y diez perfiles diferentes de abusadores, según Miguel Ángel Soria). Así, sobre todos los presos por este tipo de delitos se aplica un programa cognitivo-conductual en grupo, que trata de enseñar cómo controlar los estímulos y la voluntad, cómo manejar el odio y la frustración y cómo reconocer las situaciones que pueden conducir a un delito, entre otros asuntos. Estos tratamientos se aplican de forma voluntaria, por lo que no todos los presos acuden a ellos. En algunos casos, el carácter voluntario no es útil, porque se pierde la posibilidad de que muchos presos puedan reconducir la situación, según Miguel Ángel Soria.
Soria encuentra otros problemas, como la existencia de un sólo programa estándar, pues sería más útil un programa más adaptado e individualizado a los pacientes. Para ello haría falta una enorme disposición de medios, algo que se hace difícil de concebir en la actualidad. "Tal vez, si se reforzaran los tratamientos también se lograría reducir los índices de reincidencia, sin necesidad de emplear medidas más drásticas", dice el psicólogo. Hay estudios que demuestran la efectividad del tratamiento cognitivo-conductual en agresores sexuales, al haber logrado una reducción de la reincidencia, según pone de manifiesto, por ejemplo, una investigación de Santiago Redondo (resultados en pdf).
Esta afirmación está muy extendida, aunque no sea cierta. Hay estudios que estiman que la reincidencia de los agresores sexuales se sitúa en torno al 20%, como los de Lösel, Prentky y Quinsey. Como subraya Santiago Redondo, "el promedio general de reincidencia de los delincuentes –no específicamente sexuales— es de alrededor del 50%". Un informe del Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat de Catalunya también sustenta estas cifras, al estimar que la reincidencia de los violadores alcanza el 18%.
"No hay que descartar ningún tipo de tratamiento", nos dice Miguel Ángel Soria. Si existiera la certeza de que la castración química va a servir para evitar la reincidencia en algunos delincuentes, ésta debería ser bienvenida, nos dice el psicólogo forense. Por ello, habría que realizar estudios personalizados, ya que este tratamiento no está exento de problemas. Y es que el impulso sexual no radica en el cuerpo sino en la mente. De esta forma, los mecanismos de inhibición biológica no funcionarían por sí solos, ya que podrían generar frustración en los delincuentes, al ver que no pueden llevar a término su voluntad, y la agresividad podría incluso aumentar.
Así, otra vez se recomendaría el estudio individualizado del caso para saber si la castración puede resultar efectiva, así como el acompañamiento de estos mecanismos con tratamientos psicológicos y otros mecanismos de control a posteriori, como la libertad vigilada. Lo mismo que sobre la castración puede decirse sobre otros mecanismos inhibidores del impulso que también se han planteado, como la supresión hormonal reversible.
Hay un porcentaje de delincuentes sexuales cuya reinserción se considera imposible, incluso entre los propios especialistas. Entonces, ¿por qué no se encierra para siempre o se aparta de la sociedad a este grupo de delincuentes? Miguel Ángel Soria sostiene que, en primer lugar, resulta imposible determinar con total certeza y de antemano quiénes son los delincuentes que van a volver a actuar y quiénes no. En segundo lugar, el sistema penal español, como dice la Constitución en su artículo 25.2, considera que el fin de la pena es la reinserción de los presos (artículo 25.2), por lo que la cadena perpetua resultaría anticonstitucional, ya que es una pena exclusivamente retributiva y sin contenido rehabilitador.
Pero, ¿no podría modificarse la Constitución para que tuviera cabida un tratamiento específico para los delincuentes más peligrosos? Este hecho crearía un sistema penal contradictorio, ya que aplicaría principios ideológicos diferentes para determinados delitos: medidas anacrónicas y puramente retributivas para los delincuentes sexuales, frente a los principios rehabilitadores propios del derecho moderno para el resto de delitos.
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