Los días de Guantánamo están contados

Base Naval de Guantánamo.-  Tanto John McCain como Barack Obama, los dos candidatos a la presidencia de EEUU, han prometido cerrar la prisión de Guantánamo, pero la cuestión es qué hacer con los 270 detenidos que languidecen en sus celdas.

Tras seis años de protestas, las asociaciones de derechos humanos ven el fin de una cárcel que consideran una afrenta a los principios del país.

"El cierre de Guantánamo es inevitable. Políticos de diferentes orientaciones políticas están ahora a favor de hacerlo", dijo Elisa Massimino, directora de la oficina de Human Rights First en Washington.

El Gobierno de George W. Bush siempre ha defendido Guantánamo como un lugar necesario para mantener a enemigos peligrosos fuera del campo de batalla de la difusa guerra contra el terrorismo.

Pero el apoyo al encarcelamiento sin término ha mermado progresivamente incluso entre los republicanos.

El ex secretario de Estado Colin Powell, por ejemplo, ha pedido el cierre por la mala imagen de Estados Unidos que proyecta al resto del mundo.

McCain, que en su campaña lleva un mensaje de política exterior enérgica, también quiere que se clausure.

El senador aún sufre las secuelas físicas de sus cinco años y medio como prisionero de guerra en Vietnam y ha sido una voz muy crítica contra los interrogatorios abusivos a detenidos, frente a la ambigüedad de sus contrincantes republicanos en las elecciones primarias.

Y Guantánamo, además de representar la detención indefinida, se ha convertido en un símbolo de vejaciones, que de aquí pasaron a la prisión bagdadí de Abu Ghraib.

Por su parte, Obama ve en Guantánamo, como el resto de los demócratas, un paradigma de los excesos en política exterior de la administración de Bush.

Aún así, ni McCain ni Obama han especificado qué harán con los 270 prisioneros que quedan en las celdas frente al mar Caribe de la base estadounidense, de los casi 800 que han pasado por ellas.

Se dividen en dos grupos. La mayoría son detenidos sobre los que el Pentágono no tiene suficientes pruebas para encausar por un delito, incluso en los tribunales militares especiales establecidos en Guantánamo, que cuentan con normas que favorecen a la fiscalía.

Sin embargo, a muchos el Gobierno no los ha podido repatriar porque sus países de origen se niegan a admitirlos o podrían ser sujetos a torturas al volver, según dijo en una entrevista telefónica una experta legal del departamento de Estado, que pidió no ser identificada.

"Es necesario que terceros países acepten a estos individuos. Eso probablemente no pasará con esta administración, pero la nueva contará con buena voluntad de otros Gobiernos", dijo la fuente.

El segundo grupo consta de los hombres más peligrosos, contra los que Estados Unidos sí tiene evidencia. "Preveo que juzgaremos a unos 80", dijo a la prensa el general Thomas Hartmann, el asesor legal de los tribunales antiterroristas de Guantánamo.

McCain ha propuesto trasladar esos procesos a la base militar de Fort Leavenworth, en Kansas, mientras que Obama considera injustas sus reglas especiales y quiere juicios en cortes federales o militares ordinarias.

Mientras, la administración de Bush opera como si nada fuera a cambiar.

En febrero estrenó un complejo legal levantado en lo que fuera una pista de aterrizaje de la Segunda Guerra Mundial en Guantánamo que está compuesto de dos tribunales con un sistema para proteger información secreta durante las sesiones públicas.

El plan original de Donald Rumsfeld, el ex secretario de Defensa de Bush y uno de los artífices de Guantánamo, era construir el complejo de piedra y ladrillo, con un costo de 100 millones de dólares, según la coronel Wendy Kelly, la encargada principal del proyecto.

Su sucesor, Robert Gates, que se ha constituido en una voz más moderada en el Gobierno, rechazó ese proyecto y pidió edificios con materiales prefabricados, con lo que la factura ha caído a 12 millones de dólares.