MADRID.- El Consejo de Ministros derogará formalmente mañana el Decreto-Ley de abastecimiento de agua a Barcelona, y con él la realización de las obras de conexión de los sistemas de agua de Tarragona y Barcelona, exactamente 50 días después de aprobarlo con carácter de urgencia.
El Ejecutivo toma esta decisión después de que la Generalitat de Cataluña decretara el pasado martes el fin de la situación de excepcionalidad II en la región (situación de emergencia por sequía), ya que los embalses de las cuencas internas de Cataluña, y concretamente los que abastecen a Barcelona (Ter-Llobregat) se encuentran por encima del 50 por ciento de su capacidad.
El Decreto-Ley incluye supuestos por los que decae "automáticamente", como el fin de las circunstancias que dieron lugar a su aprobación (sequía), según afirmó esta semana la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, pero el Consejo de Ministros tiene previsto adoptar mañana algún acto, cuya forma jurídica está aún por decidir, para considerar el decreto-ley expresamente derogado.
Así, la norma perderá vigencia tras ser convalidada por el Congreso el pasado 28 de abril, con el apoyo de todos los grupos, salvo CiU y ERC, que se abstuvieron, e IU, que votó en contra.
Tras el anuncio de la derogación, CiU y PP han reclamado que continúen las obras. A ellos se han sumado los regantes, mientras que los ecologistas mostraron su rechazo desde el primer momento y aplauden la paralización del mismo. Por su parte, los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia manifestaron en su momento el apoyo a este trasvase y solicitaron otro desde el Ebro al sudeste peninsular.
BARCOS, SEGRE, DECRETO
La Generalitat de Cataluña ya avisó a finales de la pasada legislatura de que requería de una solución de urgencia para garantizar el suministro de agua a más de cinco millones de ciudadanos del área metropolitana de Barcelona a partir de otoño si no se registraban precipitaciones abundantes durante la primavera. A finales de 2007, ejecutivos Central y catalán ya habían hablado sobre la posibilidad de llevar agua en barco desde la desalinizadora de Carboneras a Barcelona, medida que posteriormente se extendió a otras localizaciones, como Tarragona y Marsella.
Sin embargo, el Gobierno catalán consideró que serían necesarias medidas adicionales y planteó un trasvase desde el río Segre (afluente del Ebro) que el Ejecutivo descartó. A cambio, propuso extender el ya existente ministrasvase de Tarragona hasta Barcelona. Para ello, se preveía la construcción de una tubería de más de 60 kilómetros que transcurriría paralela a al AP-7 y transferiría 3 hectómetros cúbicos al mes hasta la puesta en funcionamiento de la desalinizadora de El Prat en julio de 2009.
Los regantes del Ebro acordaron ceder el agua sobrante de sus concesiones con el compromiso del Gobierno de agilizar la materialización de las obras del Pacto del Agua de Aragón. El coste se estimó entre 170 y 180 millones de euros, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, pero que se descontaría de las inversiones estatales en Cataluña.
Las obras fueron finalmente adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas 'Conducción CAT-ALL', integrada por Sociedad General de Aguas de Barcelona AGBAR, Dragados, Sacyr, Acciona Infraestructuras, Comsa y Copisa. El contrato deberá ser rescindido.
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