Roma.- El delito de inmigración clandestina será incluido en el proyecto de ley que aprobará mañana el Gobierno de Silvio Berlusconi en el consejo de ministros que celebrará en la sureña Nápoles con penas que van de los seis meses a los cuatro años de cárcel, según informaron hoy diversos medios locales.
La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional.
La inclusión de este delito está considerado como un triunfo del ministro de Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte, partido con tintes racistas, que siempre ha sido favorable a la misma, alegando que ya existe en otros países de la UE, como Francia y Alemania.
Sus aliados de Alianza Nacional, sin embargo, se han mostrado hasta ahora contrarios a la introducción de ese delito y abogan por expulsar sólo a los ilegales que hayan vulnerado la ley.
Los partidos de la oposición son contrarios y hoy Antonio Di Pietro, líder de Italia de los Valores (IDV), insistió en que no puede ser un delito, "ya que no sólo produciría millones de fugitivos, sino que costaría al Estado entre 45 y 50.000 millones de euros".
En contra también están destacados miembros de la Iglesia, como el cardenal Renato Raffaele Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, que ha dicho que es un "error" y que no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo, y organismos como Cáritas.
Las iglesias protestantes italianas también están en contra. Según los baptistas, es una "monstruosidad" y según los luteranos, esa ley puede instigar a los jóvenes al odio.
Las informaciones difundidas este martes aseguran que las medidas sobre seguridad y contra la inmigración clandestina están divididas en un decreto-ley, un proyecto de ley y tres decretos sobre circulación de ciudadanos de la UE, reunificación familiar y derecho de asilo.
Según las filtraciones desveladas por los medios locales, el decreto ley contempla la expulsión de un extranjero cuando ha sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino, y fija la permanencia máxima en centros de acogida en 18 meses.
Quien alquile una casa a un ilegal puede ser condenado a una pena que va de seis a tres años y multas de entre 100 y 150.000 euros.
El alcalde de Roma, el conservador Gianni Alemanno, aseguró que el paquete de medidas "será muy útil" y que lo único que hay que hacer es dotarlo "con los recursos adecuados".
Alemanno, en declaraciones a la prensa, aseguró que no pretenden discriminar a nadie y que sólo se trata de medidas de legalidad y solidaridad.
Además de medidas contra la inmigración clandestina, también contempla un aumento de las penas para los conductores borrachos o drogados, que pueden llegar hasta los diez años de cárcel, e introduce un endurecimiento para la adquisición de la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero.
Hasta ahora bastaba seis meses y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal.
Otro punto polémico es el de los asentamientos gitanos, especialmente después de que recientemente fueran quemados cinco en la provincia de Nápoles, obligando a evacuar a sus moradores.
Maroni ha dicho que serán desmantelados todos los asentamientos ilegales y que se crearán estructuras dignas y seguras.
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