Roma.- La sureña Nápoles acoge hoy el primer consejo de ministros del Gobierno de Silvio Berlusconi, en el que el Ejecutivo aprobará una serie de medidas sobre seguridad que incluye la reintroducción del delito de inmigración clandestina.
Berlusconi ha elegido Nápoles como sede de su primer consejo de ministros para expresar su compromiso con solucionar la crisis de la basuras en esa ciudad sureña, asfixiada con miles de toneladas de inmundicia arrojada en las calles y en algunos pueblos de la periferia.
El Consejo de Ministros está previsto que comience a las once y media de la mañana (09.30 gmt) en la Prefectura (Gobierno civil) de Nápoles, en la monumental plaza del Plebiscito, frente al Palacio Real.
Las autoridades locales aseguraron que todo el centro de Nápoles estaría hoy limpio, en medio de las críticas de los medios locales, que señalaron que se pretende mostrar hoy una ciudad "limpia" cuando en la periferia siguen acumuladas 50.000 toneladas de basura.
A la espera de conocer las medidas para combatir la inmigración clandestina, que han levantado ya una fuerte polémica, según las filtraciones a la prensa, al final se ha impuesto la línea dura del ministro del Interior, Roberto Maroni, y se introducirá el delito de inmigración ilegal, al que se opone la Oposición y la Iglesia.
La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional.
Ahora esa consideración vuelve en el proyecto de ley que se aprobará hoy y será debatido en el Parlamento, donde, aunque la oposición ya ha anunciado una fuerte batalla, los conservadores tienen mayoría absoluta.
La pena prevista para este delito va de los seis meses a los cuatro años de cárcel, según fuentes políticas citadas por los medios locales.
Los partidos de la oposición son contrarios a la introducción de este delito pues, según el dirigente progresista Antonio Di Pietro, producirá "millones de fugitivos" y costará al Estado entre 45 y 50.000 millones de euros".
La Iglesia Católica lo considera un "error", ya que, según ha dicho el cardenal Renato Martino, no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo.
Entre la serie de medidas, según las filtraciones a los medios, figura la expulsión de un extranjero cuando haya sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino y fija la permanencia máxima de los inmigrantes ilegales en los centros de acogida en 18 meses.
Quien alquile una vivienda a un ilegal puede ser condenado a una pena que va de seis a tres años y multas de entre 100 y 150.000 euros y la casa confiscada.
Los padres que manden a sus hijos a la mendicidad pueden ser condenados hasta a tres años de cárcel y le se quitará la patria potestad.
También se contempla el aumento de las penas para los conductores borrachos o drogados, que pueden llegar hasta los diez años de cárcel, y el endurecimiento de los requisitos para adquirir la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero.
Hasta ahora bastaban seis meses para conseguirla y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal.
El ministro de Defensa, Ignazio La Russa, ha afirmado en una entrevista que publica hoy "La Stampa", que entre las medidas también se contempla que 2.500 soldados sean puestos a disposición de los Gobernadores Civiles para ayudar a controlar el territorio.
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