Madrid.- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha advertido hoy de que las nuevas tarifas pueden encarecer la factura eléctrica para regadío hasta un 40%, por lo que ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural la aplicación de un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) reducido.
Fenacore señala en un comunicado que ha solicitado al Departamento de Medio Ambiente la aplicación de este IVA reducido, de acuerdo con lo previsto en la Directiva comunitaria al respecto.
Explica que esta petición tiene lugar a tan solo un mes y medio de que entren en vigor las nuevas tarifas eléctricas para regadío aprobadas por el Ministerio de Industria, quien aplazó hace un año su aplicación hasta julio de 2008.
La Federación considera que este incremento de la tarifa eléctrica para riego puede "frenar" el proceso de modernización de regadío y el ahorro de agua que conlleva, ya que supondrá un encarecimiento de la factura de entre un 20% y un 40% en función las distintas zonas regables.
El presidente de Fenacore, Andrés del Campo, indica que actualmente las comunidades de regantes no están sujetas al pago del IVA, con lo cual no pueden repercutirlo a sus comuneros y deben soportarlo como usuario final, lo que supone el encarecimiento de la energía eléctrica y un freno para las obras de modernización de regadíos.
Añade que con el fin de adaptar la directiva europea a la normativa española, la Federación recomienda aplicar al suministro de energía eléctrica para las Comunidades de Regantes el tipo súper-reducido del 4 por ciento.
En este sentido consideran que este tratamiento fiscal podría permitir la obtención de las devoluciones de IVA con periodicidad mensual en lugar de anual, como ocurre en el régimen general, y manteniendo, en todo caso, "como peor posibilidad", la aplicación del tipo reducido del 7% también prevista en la directiva europea.
Recuerda que la Unión Europea fija ciertos tipos de IVA reducido para determinadas operaciones vinculadas a la producción agraria, atendiendo a su naturaleza de bienes de primera necesidad.
Señala que estos tipos reducidos se pueden aplicar a los productos alimenticios, el suministro de agua y de bienes y servicios utilizados normalmente para la producción agraria.
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