Madrid.- Impulsar la actividad y aliviar la actual situación de familias y empresas son los objetivos de las once medidas aprobadas hoy por el Gobierno, mediante las que prevé inyectar 10.000 millones de euros en la economía española este año.
Estas medidas, articuladas en un Real Decreto-Ley y un Acuerdo del Consejo de Ministros, se centran en dos ejes: uno social, de protección de trabajadores, empresas y familias ante la desaceleración; y otro económico, de impulso de la actividad por vía presupuestaria.
Con la "condición fundamental de mantener la estabilidad presupuestaria", el conjunto de medidas incluye rebajas de impuestos, ayudas a las familias con hipotecas y a las empresas, estímulos para financiar la vivienda protegida y para rehabilitar edificios, un plan de recolocación de parados, impulso de obra pública, y mejora de la fiscalidad para la inversión extranjera.
El plan para recolocar a los desempleados, que tendrá un coste de 201 millones de euros, se centra en reforzar la inserción laboral y formación profesional, para lo que se contratarán 1.500 "orientadores" que elaborarán itinerarios personalizados de los parados.
Además, se dará una ayuda de 350 euros mensuales durante tres meses a los parados con especiales dificultades de inserción laboral y cuyas rentas sean inferiores al IPREM.
De los 10.000 millones que el Gobierno prevé inyectar en la economía española, 6.000 millones (equivalentes el 0,9 por ciento de la renta disponible de las familias) corresponden a la deducción de 400 euros que se aplicará a los contribuyentes que perciben rentas del trabajo, asalariados y pensionistas, y a quienes obtengan rendimientos de actividades económicas.
Esta medida se aplicará en las nóminas de junio, mes en el que las retenciones serán de 200 euros menos, mientras que el resto, hasta los 400 euros, se prorrateará en los restantes meses del año.
En cuanto a los autónomos, los que hagan pagos fraccionados podrán beneficiarse de la deducción a partir de junio y a los demás se les aplicará cuando presenten la declaración del IRPF.
La tercera medida prevé que las obras en un edificio se consideren rehabilitación cuando su coste supere el 25 por ciento del precio de compra, sin incluir, como hasta ahora, el precio del suelo, con lo que se amplia el número de obras que se beneficiarán de una fiscalidad más ventajosa, ya que podrán recuperar el IVA soportado, con lo que se estimulará la actividad en la construcción.
Eliminar el gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio desde el 1 de enero de este año es la cuarta de las medidas aprobadas y por la que Hacienda dejará de ingresar 1.800 millones.
Ayudar a las familias con hipotecas es el objetivo de la quinta medida, que elimina los gastos de ampliación del plazo de amortización de las hipotecas y que entrará en vigor en mayo con una vigencia de dos años.
No obstante, el Gobierno no ha ultimado este compromiso con las entidades financieras, que incluye además la supresión de los gastos fiscales de estas operaciones, así como los registrales y notariales.
Para ayudar a la empresas se ha aprobado la ampliación en 2.000 millones de euros el aval que el Estado concede para la titulización de créditos a las pymes, que pasa de los 1.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado para este año a los 3.000.
Para aumentar la liquidez de las empresas, a partir de 2009, éstas podrán solicitar la devolución del IVA mensualmente, lo que les permitirá cobrar de forma anticipada unos 6.000 millones de euros.
Con el fin de estimular la financiación de la vivienda protegida, se ha ampliado en 2.000 millones la línea de avales del ICO para la titulización de préstamos hipotecarios destinados a adquirir vivienda protegida, que pasa de los 3.000 millones previstas para 2008 a 5.000 millones.
La novena medida pretende agilizar la obra pública y para ello la Comisión Delegada para Asuntos Económicos analizará trimestralmente el grado de ejecución de la misma y propondrá las medidas necesarios para acelerarla.
Para reforzar la construcción de vivienda protegida se convocará, de forma urgente, la Conferencia Sectorial de Vivienda, con el fin cumplir el objetivo de construir 150.000 viviendas protegidas al año y promover la rehabilitación y mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de los edificios.
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