Guatemala.- Un juez penal de Guatemala empezó hoy a tomar testimonio a un grupo de 29 testigos del genocidio ocurrido en este país en los años ochenta contra la población maya, a petición de la Audiencia Nacional de España (ANE).
La diligencia fue realizada en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, que aceptó la petición planteada en enero pasado por el juez español Santiago Pedraz, para que le asistiera judicialmente en la recopilación de los testimonios dentro del proceso seguido por la ANE en contra de siete ex altos cargos guatemaltecos.
El primero en prestar su declaración fue Jesús Tecú Osorio, un indígena de 36 años, quien con lágrimas en los ojos relató al juez José Eduardo Cujulun, la forma en que miembros del Ejército guatemalteco y de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC, paramilitares), asesinaron a 177 personas de su comunidad la mañana del 13 de marzo de 1982.
Tecú Osorio, quien entonces tenía diez años de edad, describió de forma detallada cómo los militares obligaron a las mujeres y niños a reunirse en el centro de la población para exigirles que confesaran la supuesta participación de sus padres y esposos en las organizaciones guerrilleras.
Fueron ejecutados en esa misma plaza.
Esta matanza, conocida como la "Masacre de Río Negro", ocurrió en la población indígena de Rabinal, a unos 200 kilómetros al norte de la capital guatemalteca, durante el gobierno del presidente Romeo Lucas García.
El testigo explicó la forma en que decenas de mujeres fueron violadas por los militares antes de ser asesinadas y cómo mataron "a machetazos" o "golpeados contra las rocas", a decenas de niños, entre ellos su hermano de tres años.
En total, en esta matanza, una de las más documentadas por la Comisión de la Verdad y otros grupos que investigan la época de la violencia militar en Guatemala, fueron asesinados 102 niños y 75 mujeres, como se comprobó tras la exhumación de una fosa común cercana.
Un mes antes, casi un centenar de hombres de esa comunidad habían sido asesinado por el Ejército en la comunidad de Chococ, ubicada a unos 30 kilómetros de Río Negro.
La asistencia judicial de parte de los tribunales guatemaltecos a la ADE, fue otorgada a pesar de que el 19 de diciembre pasado la Corte Constitucional, máximo tribunal de este país centroamericano, declaró la falta de competencia de la justicia española sobre los actos de genocidio y delitos de lesa humanidad ocurridos en Guatemala.
El proceso judicial fue iniciado en diciembre de 1999 por la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, quien invocando el principio de "justicia universal" acudió ante la ANE para querellarse en contra de los supuestos responsables de esos hechos.
Los procesados ante la justicia española son los generales Ángel Aníbal Guevara, Efraín Ríos Montt, Óscar Mejía y Benedicto Lucas, y los civiles Pedro García y Donaldo Álvarez.
La demanda también fue planteada en contra del ex presidente Lucas García, y el coronel Germán Chupina, quienes fallecieron de causas naturales en los últimos años.
Además de los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas, el juez Pedraz también investiga la presunta participación de los imputados en el incendio de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, que causó la muerte a 37 personas, entre ellos Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel, y tres ciudadanos españoles.
El abogado Benito Morales, quien representó a Menchú en las diligencias, dijo a Efe que con esta diligencia "el Estado de Guatemala cumple con su obligación de cooperar con la Justicia universal, a petición de la Audiencia Nacional de España".
Según la planificación del tribunal guatemalteco, las 29 personas convocadas, entre testigos y peritos expertos, deberán comparecer a rendir declaraciones entre hoy y el 6 de mayo próximos.
Al concluir la diligencia, el Juez certificará el contenido de las declaraciones y, por la vía diplomática las enviará a la ANE para que sean adjuntadas al proceso.
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