Oviedo.- El Gobierno regional se ha asegurado la aprobación en el Parlamento regional de la ley de crédito extraordinario por importe de 95,1 millones para financiar el acuerdo de concertación social con el apoyo seguro de IU, posición que previsiblemente adoptará también el PP.
El diputado de este último grupo parlamentario Joaquín Aréstegui, aunque no ha querido desvelar la posición que adoptará el PP, sí ha precisado que su partido siempre ha mantenido que "no va a permitir que se pierda ni un euro de inversión en la región".
Los cuatro diputados de IU son suficientes para que el Gobierno regional se asegure la aprobación de este crédito extraordinario con el que se pretenden paliar los efectos de la prórroga presupuestaria.
La práctica totalidad de los consejeros del Gobierno comparecieron hoy ante la Comisión de Economía del Parlamento asturiano para informar sobre el Proyecto de Ley de Medidas Presupuestarias Urgentes en lo que alcanza a sus respectivos departamentos.
Por la tarde lo hizo en solitario el consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal, que ha destacado que este crédito se articula exclusivamente para hacer frente a los contenidos del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y Bienestar Social (ACEBA), y que ha subrayado la importancia de que se apruebe en un momento de "desaceleración" económica.
Rabanal ha reconocido que el la región se enfrenta "a una situación nueva que requiere nuevas habilidades", y ha reclamado la suficiente "autonomía" para gestionar el crédito en atención a sus "responsabilidades" y a sus "competencias".
Los portavoces del PP e IU, Joaquín Aréstegui y Jesús Iglesias, respectivamente, han lamentado el escaso interés y la "falta de entusiasmo" que, en opinión de ambos, ha mostrado Rabanal a la hora de reclamar el apoyo de la Cámara a este proyecto de ley.
Así, el primero ha dicho que Rabanal más que pedir el apoyo al crédito "lo ha exigido" pese a que ha sido "incapaz" de "despejar dudas importantes" a la oposición.
Ha remarcado que el ACEBA es un saco sin fondo" en el que se sabe cuantos dinero hay para gastar pero no a qué proyecto va destinado", y ha acusado a Rabanal de "descansar en la soberbia y el trafullerismo".
El ACEBA, según el portavoz del PP, "no ha sido un acuerdo transparente" porque "no existen datos ciertos" y los grupos parlamentarios "se tienen que fiar de lo que les dice el Gobierno.
Por su parte, Iglesias ha comenzado su turno de fijación de posiciones recalcando la "confianza" de su grupo en la concertación social y el "respeto" que le merecen las organizaciones que la negociaron.
No obstante, ha denunciado que IU-BA-LV recibió el pasado 3 de abril los estados numéricos de la prórroga presupuestaria del Principado de Asturias, y ha insistido en que conocer ese documento era necesario para afrontar el debate de hoy.
Iglesias ha asegurado que su grupo parlamentario "no será obstáculo a ninguna inversión o iniciativa que contribuya al desarrollo económico de Asturias".
En las comparecencias de la mañana actuó como portavoz de IU Noemí Martín, quien también anunció su disposición a apoyar el crédito extraordinario que reclama el Gobierno ya que en su conjunto consideran que es positivo para la región y "corrige insuficiencias en partidas muy sensibles" que había en el proyecto presupuestario elaborado por el Gobierno para 2008 y que no salió adelante.
El consejero de Industria, Graciano Torre, explicó esta mañana que los 95,1 millones de crédito extraordinarios que pide el gobierno van destinados "única y exclusivamente" a dotar al pacto de concertación de recursos suficientes para poder ejecutarlo.
De dicha cantidad, cerca de 40 millones se destinará a inversión pública y otros 55,2 millones a medidas de promoción económica, generación de suelo industrial, apoyo a emprendedores, mejora del acceso a la vivienda o al impulso de la cohesión social.
El mayor importe, 34,6 millones de euros, serán gestionados por la Consejería de Bienestar Social para desarrollar, fundamentalmente, la Ley de Dependencia.
A la Consejería de Infraestructuras irían otros 18,6 millones, y otros 9,1 millones a la de Administraciones Públicas.
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