Toledo.- El PP ha registrado hoy una proposición en las Cortes castellanomanchegas para instar a la Junta a "exigir al Gobierno de España una resolución oficial por la que se paralice de forma inmediata cualquier estudio o actividad relacionado con el almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) en el subsuelo de la región".
En una rueda de prensa en las Cortes, los diputados del grupo popular Marcial Marín y Carmen Casero han indicado que con la proposición no de ley (PNL) intentan "ponerse del lado del Gobierno regional" si pretende que no se instalen almacenes de "residuos contaminantes".
Marín ha expuesto que en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha publicado una resolución "en virtud de la cual se hace una reserva de suelo a favor del Estado" por la que se van a hacer estudios para un almacenamiento subterráneo de 1.200 kilómetros cuadrados entre las provincias de Ciudad Real y Albacete.
Sin embargo, la resolución publicada en el BOE el 8 de febrero se refiere a una petición presentada por la Fundación para Estudios sobre la Energía registrada en la Dirección General, y no a una reserva de suelo en sí misma.
La ubicación del almacenamiento se encuentra entre los municipios de Argamasilla de Alba, Tomelloso y Carrizosa en la provincia de Ciudad Real y Munera, Ossa de Montiel, El Bonillo y El Ballestero en la provincia de Albacete, además de incluir parte del espacio protegido de las Lagunas de Ruidera.
Marín ha considerado que el Gobierno regional hasta el momento ha hecho solamente "tibias" declaraciones en contra del almacenamiento de dióxido de carbono en el subsuelo de la región.
El diputado viceportavoz de su grupo ha añadido que "la pérdida de liderazgo" en el PSOE del presidente de la Junta, José María Barreda, por los malos resultados electorales no debe impedir que sea escuchado por el Gobierno en un tema en el que los castellanomanchegos tienen que "estar unidos".
Marín se ha preguntado si es ético que los gobiernos accedan a este sistema de lucha contra el cambio climático (el entierro del dióxido de carbono para que no salga a la atmósfera), ya que está promovido por las ocho principales compañías energéticas del mundo "cuyo único fin es el mantenimiento de sus cuentas de resultados".
Además, el diputado ha señalado que la Junta aún no ha comenzado a cumplir la promesa electoral de Barreda de plantar 40 millones de árboles.
La diputada Carmen Casero ha hecho hincapié en la falta de información sobre el almacenamiento de dióxido de carbono para con los ayuntamientos de los municipios afectados.
Casero ha considerado que los residuos serían traídos de fuera de la comunidad autónoma porque no existen industrias cercanas.
La PNL, si es admitida por la Mesa -cuya próxima reunión será el próximo lunes- podría ser debatida por el pleno el jueves 27.
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