Bogotá.- La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) advirtió hoy que el problema de los escuadrones paramilitares de derecha en Colombia no ha terminado, pese a la desmovilización de más de 31.000 combatientes.
"El país no se ha vacunado contra el paramilitarismo", señaló el responsable de la OACNUDH en Bogotá, Javier Hernández, al presentar el informe anual de esa entidad sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
El jurista peruano se refirió al proceso de paz celebrado entre 2003 y 2006 por el Gobierno y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y dijo que tiene el reconocimiento internacional y es un hecho sin precedentes.
Pero advirtió de han surgido nuevas bandas ilegales en las que "el 15 por ciento es personal reciclado", es decir, ex combatientes que reinciden.
Hernández se refirió a la confesión de ex combatientes sobre métodos tan salvajes de ultimar enemigos como el ataque con serpientes venenosas, revelados la semana pasada, y los que ya se conocían, como el descuartizamiento de cuerpos con motosierras.
El delegado de la ONU manifestó que el país "no podrá alcanzar la paz si la verdad no está en el centro" de sus preocupaciones.
"El país necesita que los procesos de verdad, justicia y reparación sean una materia urgente. Creemos que este es el tiempo de las víctimas", dijo Hernández y señaló que la Fiscalía colombiana tiene registradas más de 121.000.
En su informe anual sobre Colombia, la Alta Comisaría de la ONU, con sede en Ginebra, señaló que, "aunque hay algunos signos alentadores de mejoría, la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario continúa siendo objeto de grave preocupación".
"Colombia continúa seriamente afectada por un conflicto armado interno que se remonta a más de cuatro décadas. Es también cada vez más evidente que los grupos armados ilegales están involucrados de manera directa o indirecta en actividades de narcotráfico".
Esos nexos de las guerrillas con el narcotráfico se refieren al cobro a cultivadores, almacenamiento, administración de precursores químicos, vigilancia de instalaciones, en zonas bajo influencia de los rebeldes, así como exportación directa de drogas y lavado de activos.
La dependencia indicó que el grupo guerrillero "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en menor medida el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continuaron cometiendo graves infracciones del derecho internacional humanitario".
Consideró también que en 2007 "hubo algunos progresos importantes para abrir caminos en la lucha contra la impunidad, en particular en desarrollo de la ley 975 del 2005", conocida como de "justicia y paz", que fue promulgada para regular la desmovilización de los paramilitares.
Agregó, sin embargo, que "los problemas estructurales de la administración colombiana persisten".
La dependencia de la ONU lamentó "la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del Ejército".
No obstante, destacó la buena disposición de los estamentos oficiales para aclarar los hechos y la "política expandida de instrucción en materia de derechos humanos" que promueven las Fuerzas Militares.
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