Lima.- Perú estudia privatizar el servicio de penales para lograr una efectiva reorganización del sistema carcelario y del Instituto Nacional Penitenciario del país andino (INPE), reconoció hoy la ministra de Justicia, Rosario Fernández.
En declaraciones a la agencia oficial Andina, Fernández consideró que la privatización es "indispensable" para la reforma de las cárceles y que "el Estado reconoce que es así".
Fernández informó que ya se constituyó una comisión de expertos que en aproximadamente 30 días emitirán un informe en el que recomendarán las medidas necesarias para ejecutar el referido proceso.
"La etapa de cambios en el INPE ya está en marcha y, en ese marco se realizan visitas a distintos establecimientos penitenciarios, a fin de comprobar la situación en la que estos se encuentran para elaborar un diagnóstico y luego tomar medidas concretas", dijo la ministra.
Esta reforma penitenciaria también pasará por una evaluación del personal del INPE, aunque, como refirió Fernández "todo lo que tiene que ver con las cárceles es un tema delicado y requiere de condiciones especiales" por lo que sólo brindará información al respecto cuando haya "algo muy definido".
Los penales peruanos, con deficientes infraestructuras, tienen capacidad para 22.923 internos, pero albergan más de 40.000, y afrontan graves problemas derivados de la falta de recursos.
Informes de prensa realizados tras motines o inspecciones sanitarias han mostrado que el hacinamiento en los centros de reclusión se suma a la corrupción de las autoridades penitenciarias, que comparten el control de los penales con los jefes de las mafias internas y dan su beneplácito al tráfico de drogas, alcohol y hasta al ingreso de prostitutas.
Asimismo, señalan que los internos con grandes recursos económicos, como secuestradores y narcotraficantes, poseen servicios higiénicos propios, televisión y reproductores de DVD, además de guardaespaldas e incluso llaves de sus propias celdas en ocasiones.
Por el contrario, los presos más pobres se ven obligados a compartir celda con hasta una docena de personas y apenas tienen acceso al rancho, que se cocina y distribuye entre los propios reos.
En junio de 2006, el director del penal limeño de Piedras Gordas, José Gamboa, donde están recluidos cabecillas de las más peligrosas bandas de secuestradores de Perú, fue detenido por la policía por presuntamente haber recibido millonarios sobornos de los reos.
En 2007, un registro en la cárcel de Castro Castro, también en Lima, ordenado tras una reyerta que dejó un muerto y varios heridos, encontró varias armas de fuego y hasta granadas de guerra en manos de los internos.
El más problemático, sin embargo, es el penal de Lurigancho, el más grande de América Latina y que alberga más de 9.000 internos pese a que fue construido para 1.500 personas.
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