La tarifa eléctrica y el cambio climático

MADRID.-  Como siempre en época de elecciones, empieza la temporada de rebajas y la tarifa eléctrica es uno de los productos estrella. Así que nuestros gobernantes se ponen a la dura tarea de conseguir adelgazar en lo posible lo poquito que ya pagamos de electricidad. Pues a pesar del poco presupuesto que le dedicamos (un euro al día por hogar como media), parece que éste es uno de los elementos clave que nos ayudará a decidir quién nos va a gobernar los próximos cuatro años.

Y en esta ocasión, la solución que han encontrado en el Ministerio de Industria es obligar a las empresas eléctricas a devolver los ingresos extra que están percibiendo por la internalización del precio de los permisos de emisión de CO₂.

El problema es que esta medida va en contra de los esfuerzos que, por otra parte también nos pide el mismo Gobierno, de reducción de emisiones de CO₂, y que, a la vista de los resultados de Bali, van a tener que intensificarse en el futuro. Vamos a tratar de explicar esto.

Desde 2005, la Unión Europea ha establecido unos compromisos de reducción de emisiones de CO₂ por país, como ensayo para el período 2008-2012 en el que las reducciones serán las acordadas en el Protocolo de Kioto. Uno de los instrumentos para lograr estas reducciones es el sistema europeo de comercio de emisiones.

Este sistema consiste en que, en primer lugar, se asignan a las distintas instalaciones emisoras un número de permisos de emisión, y a continuación se deja libertad a las instalaciones para comprar y vender los permisos. Así, si una empresa quiere emitir más tendrá que comprar permisos, y si consigue reducir emisiones, podrá venderlos. De esta forma, se constituye un mercado para los permisos de emisión, y aflora un precio para los mismos.

El que exista un precio para el permiso supone que, cuando una central eléctrica oferta un precio para producir electricidad, debe incorporar un recargo equivalente a los permisos que necesite para hacerlo, incluso aunque los permisos se le hayan regalado, ya que siempre podría no producir, vender el permiso, y cobrar este dinero.

Es decir, que mientras los permisos tengan un precio de mercado darán lugar a un coste de oportunidad por usarlos. Y este coste será distinto según la tecnología: la energía nuclear no tiene recargo, mientras que el carbón tiene un recargo significativo. Así que este sistema de comercio de emisiones incentiva las tecnologías con menos emisiones de CO₂, tanto en cuanto a su operación como a la hora de decidir nuevas inversiones. Y también eleva el precio de la electricidad, con lo que se reduce su consumo (y también las emisiones).

Esto, que es teoría económica básica, tiene un problemilla: las empresas eléctricas están aumentando sus ingresos al aumentar el precio de venta de la electricidad.

Por otra parte, dado que les regalan los permisos, resulta que las empresas (unas más que otras) están ganando más dinero de resultas de este régimen. Y aquí es donde el Ministerio ha visto su oportunidad: eliminemos este exceso de dinero y así reduciremos la tarifa. De hecho, muchos han aplaudido la norma del Gobierno porque evita que las eléctricas se «forren» a costa del consumidor.

Precio de la electricidad

Pero los que aplauden parecen no ver los resultados perversos de esta medida sobre nuestros compromisos de reducción de emisiones: si obligamos a las empresas a devolver los ingresos extra percibidos, lo que harán será dejar de internalizar el precio del permiso, porque si hay que devolver el importe de los mismos, ya no hay coste de oportunidad…

Estupendo, dirán algunos, porque así bajará el precio de la electricidad. Pues sí, efectivamente, bajará el precio. Pero de resultas de esta bajada, también aumentará el consumo de electricidad (y por tanto las emisiones de CO₂). Y sobre todo, la electricidad será producida con tecnologías que emiten más CO₂, porque se pierde la señal que incentivaba a producir y a invertir en tecnologías más limpias.

Así que, por una parte, el Gobierno nos dice que tenemos que reducir nuestras emisiones de CO₂. Pero por otra, las medidas que toma van justo en la dirección contraria. Y lo más triste es saber que sí hay posibilidades de controlar los ingresos de las eléctricas a la vez que se mantiene la señal de reducción de emisiones (por ejemplo, subastando los permisos en vez de regalándolos se arreglaría parte del problema).

Como vemos, en una repetición del ya histórico derbi entre economía (tarifa) y medio ambiente (cambio climático), vuelve a ganar la tarifa por goleada. El problema es que luego vendrá el árbitro (la Comisión Europea) y nos dirá que hay que repetir el partido, porque las emisiones hay que reducirlas, y si no empezará con las multas, que pagaremos todos, como siempre.

*Pedro Linares es profesor de la Universidad Pontificia Comillas y miembro de la Cátedra BP de Desarrollo Sostenible.