El pago de la sentencia de Montaña Rayada no afectará a servicios esenciales

Las Palmas de Gran Canaria.-  El pago de los 33 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias por la sentencia firme de Montaña Rayada, en Fuerteventura, no implicará recortes en los servicios básicos de la Comunidad Autónoma, ha asegurado hoy el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero.

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(EFE)

El presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero (i), conversa con los consejeros del Presidencia, José Miguel Ruano (2i), y de Medio Ambiente, Domingo Berriel (3i), momentos antes de comenzar la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada hoy en Las Palmas de Gran Canaria.

El portavoz, en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha dicho que es "absolutamente falso" que se vayan a ver afectados servicios esenciales por esta sentencia de 2008, de la que "sorprende" que se diga por parte de la oposición que no se ha informado.

Marrero ha señalado que existe un amplio dossier de prensa desde el pasado día 30 de junio sobre la sentencia, que ha recordado que parte de un asunto de los años 90, por lo que apuntó también que tratar de "colgar" las siglas de un partido "puede sonrojar a alguno".

El portavoz ha explicado que para hacer efectivo este pago el Gobierno ha hecho un reparto "político" y no lineal entre las distintas consejerías y ha establecido que las retenciones de crédito no afecten a los servicios básicos ni a partidas sujetas a convenios con otras administraciones.

Así mismo, ha dicho que, en atención al criterio establecido, las consejerías de Educación y Sanidad aportarán de sus presupuestos un 0,3 y un 0,2 por ciento respectivamente, y que de haberse aplicado un reparto lineal les hubiera correspondido a la primera el doble y a la segunda el triple.

Marrero ha subrayado que se ha hecho un "enorme esfuerzo de austeridad" para hacer frente a este pago, que "duele" pero que es inevitable porque se trata de una sentencia firme del Tribunal Supremo, de la que aún carece el "caso Tebeto", cuya sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que condena al Gobierno canario a pagar 101 millones de euros, está recurrida.

El portavoz ha indicado que, al igual que el Gobierno trata de agotar los márgenes de maniobras judiciales para evitar el pago de Tebeto, también consta que los anteriores Ejecutivos agotaron las vías para desembolsar los 33 millones de la sentencia de Montaña Rayada, por la desclasificación de un suelo urbanizable no programado a rústico en Montaña Rayada

Así mismo, ha considerado como "meras especulaciones" las sumas que se señalan que debe hacer frente el Ejecutivo canario por los pleitos pendientes de resoluciones firmes del Tribunal Supremo, algunos de ellos derivados de la moratoria turística, por lo que ha calificado de "ridículo" hacer provisiones de gasto en los presupuestos autonómicos de 2010.

El portavoz, en cuanto al acuerdo de la Federación Canaria de Islas de no proceder a devolver en 2009 "ningún recurso" al Gobierno de Canarias por la liquidación del Régimen Económico y Fiscal, ha señalado que "no tiene sentido enfrentamientos entre instituciones" y que desde el Ejecutivo regional se hará lo posible por evitarlos.

Según Marrero, las "las aguas volverán a su cauce", como así ocurrió con los planes sectoriales de inversión, que en un plazo de dos semanas se resolvieron los problemas con los cabildos, ha recordado.

Ha indicado que el planteamiento de una moratoria en el pago de las cantidades que adeudan se debe plantear en una "mesa institucional", pero no a partir de una declaración de confrontación.

Marrero también ha manifestado que el Gobierno está dispuesto a crear la comisión técnica, entre cabildos y Ejecutivo, prevista para determinar la financiación de las competencias asumidas entre los cabildos y el Ejecutivo, que "razones de agenda" han retrasado.

Además, Marrero ha destacado el "sobresaliente esfuerzo" del Gobierno con las corporaciones locales e insulares de cara a los presupuestos del próximo año, donde se incrementan las transferencias a estas administraciones un 13,4 por ciento, pese al "escenario de restricción" que ha llevado a un recorte de un 4,2 por ciento de las cuentas autonómicas.