Oviedo.- La consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno asturiano, Ana Rosa Migoya, ha advertido hoy de que la posición que mantienen algunos sindicatos para dar una solución transitoria a la carrera profesional pone en peligro los pluses que están recibiendo 14.000 funcionarios del Principado.
La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya. EFE/Archivo
En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Migoya ha asegurado que el Ejecutivo "va a dar una oportunidad a la negociación" y ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los sindicatos para que "sepan valorar" el esfuerzo que en este asunto está haciendo la administración regional.
Migoya ha coincidido con UGT en que la falta de acuerdo puede hacer que unos 14.000 funcionarios vean peligrar los pluses percibidos desde 2007 ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo ratifique la anulación de la carrera profesional decretada por el Tribunal Superior de Justicia del Principado.
Para la portavoz del Gobierno, las cuestiones que están impidiendo un acuerdo con el resto de sindicatos "son de carácter menor" ya que lo importante "es dar seguridad jurídica" para que esos trabajadores pueden seguir cobrando ese complemento sin problema.
"El Gobierno pretende dar cobertura jurídica a lo que ha sido el adelanto de la carrera profesional y en este momento, por cuestiones de menor entidad, se puede poner en peligro", ha precisado.
Migoya ha asegurado que, pese a que no ha habido acuerdo en la Mesa General de Función Pública, el proceso negociador no se ha cerrado en la Sectorial de Educación y que desde el Gobierno se va a "una oportunidad a la negociación".
Por el momento no se ha cerrado ningún acuerdo en torno a los borradores aportados por el Ejecutivo para solventar la anulación por parte de los tribunales de la carrera profesional diseñada por la administración.
La consejera ha reiterado que la intención del Gobierno aprobar sendas iniciativas legislativas con rango de ley antes de finalizar el año para dar la cobertura jurídica necesaria para los empleados públicos que ya han comenzado a percibir este incremento salarial puedan seguir haciéndolo, según reclamó el Tribunal Superior de Justicia.
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