Ortega defiende el fallo judicial pero diversos sectores lo atacan

Managua.-  El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, defendió hoy un fallo judicial que le permite presentarse para la reelección en el 2011, mientras sectores empresariales y políticos se manifestaron en contra de esa decisión, que genera un conflicto entre poderes.

Ortega aseguró que el fallo es un golpe a quienes querían destruir la democracia, mientras el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez, afirmó que puede haber un conflicto de competencias, y sectores empresariales y eclesiásticos mostraron su desaprobación a la sentencia.

"Lo que hemos logrado con esta resolución es restablecer un principio fundamental de la democracia y dar un golpe a la dictadura de los que han querido destruir la democracia", dijo Ortega en un discurso pronunciado hoy con motivo del 30 aniversario de la fundación del ministerio de Gobernación de Nicaragua.

Las palabras de Ortega se producen después de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptara un recurso de amparo presentado por Ortega y declarara el lunes pasado inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que impide la reelección presidencial continua o por más de dos mandatos.

El fallo, que la oposición ha desconocido, fue dictado por los jueces sandinistas de la Sala Constitucional de la CSJ, conformada a partes iguales por liberales y sandinistas, quienes resolvieron la cuestión de manera expedita y sin la presencia de los magistrados opositores, sustituidos por suplentes.

Ortega reconoció que en el país hay "agitación y calentamiento" tras la decisión de la Corte, pero afirmó que no conviene una escalada de violencia, como la que promueve un opositor al que no identificó y solo llamó "gordo que anda llamando a la guerra".

En el discurso, difundido por radios afines al Gobierno, el mandatario recordó que la sentencia "ya la acató" el Consejo Supremo Electoral (CSE).

El líder sandinista formuló un llamamiento a los diputados de la oposición, que han anunciado un pacto en el Parlamento, para que no interrumpan la labor legislativa, ya que están pendientes de discusión el proyecto de ley de presupuesto nacional de 2010 y la reforma tributaria.

El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sandinista René Núñez, reconoció hoy a periodistas que "hay un conflicto de competencias entre la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ)", y afirmó que el Parlamento es el único poder del Estado facultado para reformar la Constitución.

Núñez informó que ha encargado a los juristas del organismo legislativo "que revisen" las implicaciones de la sentencia emitida por la alta instancia judicial porque "hay una discusión jurídica" en torno a este asunto.

El líder parlamentario señaló que la Sala Constitucional de la CSJ tiene el derecho a dirimir asuntos constitucionales, pero la Asamblea Nacional es la que reforma e interpreta las leyes.

"Esa dicotomía de a quién le corresponde hay que resolverla. Sin haber recibido la respuesta (de los asesores jurídicos) yo diría que hay un conflicto de competencia entre la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia que hay que resolverla", insistió Núñez.

Por otro lado, un grupo de jóvenes atacó hoy con huevos podridos al presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, Francisco Rosales, uno de los seis magistrados sandinistas que dictó el fallo.

En la jornada, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, advirtió de que el país vive una situación "preocupante" y manifestó su temor a que se produzcan "enfrentamientos" y "mucho odio" tras un fallo de la CSJ.

"Analizamos el anuncio que había dado la sala constitucional de cambiar un articulo (el 147) de la Constitución política y considero que es una situación muy triste dentro de la historia de nuestro país, pues nuestra Carta Magna es la única que rige a los poderes del Estado", dijo monseñor Brenes al canal 12 de televisión.

El Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep) a su vez acusó al Poder Judicial de usurpar funciones propias del Parlamento al dictar la sentencia que favorece a Ortega.