Santiago de Chile.- El Gobierno chileno acordó reunirse este jueves en mesa tripartita con los docentes y alcaldes del país para evitar una huelga indefinida de profesores por la negativa del Ejecutivo a pagar la llamada "deuda histórica".
El Gobierno y el gremio de los profesores se mostraron preocupados por los efectos de la huelga indefinida que se iniciará este viernes, que afectará a un millón y medio de niños. EFE/Archivo
Así lo aseguró hoy a los periodistas el subsecretario de Educación, Cristián Martínez, tras reunirse con el presidente de los profesores, Jaime Gajardo.
Ambas partes se mostraron preocupadas por los efectos de la huelga indefinida que se iniciará este viernes, que afectará a un millón y medio de niños.
"Si las partes flexibilizamos posiciones, esto no tendría porqué ser muy largo en el tiempo", afirmó Gajardo quién advirtió que igual el paro del viernes se mantiene.
"Lo importante es que se instala una mesa de diálogo, que tenemos un punto de partida. Lo que busca el gremio es una reparación y así lo vamos a exponer mañana en la mesa", recalcó el dirigente.
Este martes, tras una reunión que se realizó en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, Gajardo anunció que los profesores iniciarán una movilización nacional a partir de este viernes en espera de que el Ejecutivo entregue una respuesta satisfactoria a sus demandas.
El dirigente detalló que solicitan que se establezca una ley de reparación, que contemple tanto el pago de la deuda histórica, que involucra a unos 84.000 maestros, como de la segunda cuota del bono Subvención Adicional Especial (SAE).
El bono SAE es una asignación especial de 15 mil pesos (unos 28 dólares) por hora de contrato, es decir, en total al año el dinero a entregar a cada profesor debería ser entre 300.000 y 450.000 pesos (entre unos 550 y 825 dólares).
Los profesores se reunieron en la asamblea nacional luego que el jueves pasado el Gobierno afirmó que la "deuda histórica", que data de comienzos de los años 80, no existe, sobre la base de un dictamen de la Contraloría General de la República que sentenció que la misma caducó.
La llamada "deuda histórica" se generó en 1981 cuando el Estado traspasó la educación básica y media a los municipios un año después que el régimen militar anunciara un bono especial para compensar los bajos sueldos de los maestros, que se pagaría en cuatro cuotas, en años sucesivos.
Según la Contraloría y el Gobierno, con el traspaso de la educación a los municipios los profesores dejaron de ser empleados públicos, como cuando dependían del Ministerio de Educación y por lo tanto no les corresponde recibir beneficios como tales.
La ministra de Educación, Mónica Jiménez, dijo a los dirigentes del magisterio que esa deuda, que con ajustes e intereses superaría hoy los 9.000 millones de dólares, no existe ni siquiera a nivel moral, lo que provocó la indignación de los docentes.
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