Madrid.- El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la querella por prevaricación contra Baltasar Garzón ha pedido las normas de reparto de la Audiencia Nacional para comprobar en qué circunstancias asumió el juez la competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
El magistrado Luciano Varela accede así a la petición del sindicato ultraderechista Manos Limpias, que junto a la asociación Libertad e Identidad interpuso la querella contra Garzón, en un auto en el que dice que la incorporación de las pruebas solicitadas a las diligencias "ni genera demoras innecesarias en la tramitación ni es extraña al objeto de las mismas".
Varela justifica su decisión de reclamar las normas de reparto de la Audiencia Nacional diciendo que servirán para comprobar "la circunstancia en que el querellado llegó a asumir la competencia para la tramitación de la causa en que dictó las resoluciones objeto de las querellas".
Para ello, el instructor pide asimismo una copia de la "nota de presentación a reparto" de las denuncias o querellas sometidas al mismo turno de reparto que la referida a las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y otra de la "diligencia de reparto" de las que fueran presentadas durante los tres meses anteriores a la interposición de esa.
El magistrado del Supremo accede también a incorporar a la causa, tal y como solicitó Manos Limpias, los escritos de denuncia, las alegaciones de las partes y las resoluciones del juez en la querella que en 1998 se presentó contra el ex dirigente comunista Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama (Madrid) en 1936 y que Garzón decidió archivar.
Por último, Varela ha rechazado solicitar, "en este momento del procedimiento", el contenido de una conferencia que el juez de la Audiencia Nacional pronunció el 24 de junio de 2008 en Bogotá (Colombia), en la que criticó la laxitud de la Convención de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas de 2006.
En esa conferencia, Garzón lamentó que la Convención no contemplara la imprescriptibilidad del delito, no prohibiera expresamente la amnistía de los criminales, no reconociera la permanencia temporal del acto de desaparición y fuera laxo con la responsabilidad de las autoridades y del Estado.
El sindicato Manos Limpias, sin representación en ningún centro de trabajo y dirigido por el ex responsable de Fuerza Nueva Miguel Bernad, y la asociación Libertad e Identidad sostienen que Garzón se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo a sabiendas de que no lo era, por lo que incurrió en un delito de prevaricación.
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