Lima.- Una propuesta para legalizar el aborto eugenésico y en casos de violación en Perú provoca hoy la ira de la Iglesia católica y divide al Gobierno, en un país marcado por su larga tradición religiosa.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal salió casi inmediatamente al paso para decir que el sacrificar la vida del feto para proteger a la madre parte del supuesto de que una vida tiene más valor que otra. EFE/Archivo
El 6 de octubre pasado la Comisión Revisora del Código Penal del Congreso aprobó por mayoría una iniciativa para despenalizar el aborto eugenésico (feto con malformaciones muy graves) y en casos de embarazo por violación.
La propuesta está en una fase preliminar, debe convertirse primero en anteproyecto (lo que no sucederá antes de diciembre), luego pasar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, más tarde al pleno del Parlamento y por último al Presidente de la República, y según los especialistas esto podría demorar meses o incluso años.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal salió casi inmediatamente al paso para decir que el sacrificar la vida del feto para proteger a la madre parte del supuesto de que una vida tiene más valor que otra.
El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, ariete de los sectores más conservadores, agregó que la Iglesia no tendría problemas en acoger a los bebés no deseados.
En el extremo de los miembros del Gobierno que se oponen a esta propuesta está el ministro peruano de Defensa, Rafael Rey, vinculado al Opus Dei, quien dijo que de aprobarse la ley evaluaría su permanencia en el Gabinete.
Rey, ex embajador de Perú en el Vaticano, fue más allá: exigió a los grupos que, según dijo, se "autodenominan" defensores de los derechos humanos y "que defienden los derechos hasta de un terrorista" que protesten contra la legalización del aborto.
Para calmar la crispación, el primer ministro peruano, Javier Velásquez Quesquén, señaló hoy que si bien él es católico, también es un demócrata y como tal cree que se debe "dejar que el debate y la ulterior aprobación o no de esta norma pueda señalar la pauta".
"Hay otros países donde está despenalizado y también son sociedades donde el catolicismo impera, de manera que no es un tema que pueda causar una fisura en el Gabinete", insistió el primer ministro en Radio Programas del Perú (RPP).
En Perú, el aborto es ilegal y constituye un delito contra la vida, pero se permite en el caso de llamado "aborto terapéutico" (cuando la vida de la madre está en peligro), una ley vigente desde 1924, pero que 85 años después no cuenta con un protocolo médico.
El aborto eugenésico y por violación sexual está penado hasta con tres meses de cárcel, mientras que la mera interrupción voluntaria del embarazo por decisión materna tiene una pena de hasta dos años de cárcel.
Pese a la ley se realizan en Perú más de 350.000 abortos inducidos cada año, según las organizaciones feministas.
Uno de los casos más emblemáticos ha sido en el Karen Llantoy, una peruana que dio a luz en 2001, a pesar de que quería terminar con el embarazo de una niña anencefálica (sin cerebro y cráneo) y que falleció a los pocos días de nacida.
El reclamo llegó en 2005 hasta el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, que se pronunció a su favor y estableció que negarle el acceso al aborto legal violaba los derechos humanos básicos de las mujeres.
Los casos de embarazos por violación también abundan en Perú, donde más de 100.000 niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años quedan embarazadas y unas 2.000 de ellas son producto de abusos sexuales, según las denuncias presentadas.
Un caso que conmocionó Perú en 2006 fue el de una campesina de ocho años que quedó embarazada tras ser violada por su primo.
Actualmente, la propuesta legislativa para despenalizar el aborto está en discusión, pero ya las críticas han hecho que el propio presidente de la comisión que revisa este espinoso asunto, Carlos Torres Caro, señalara que sería reconsiderada la decisión.
"Esto no es algo definitivo, porque hay la posibilidad de que en la siguiente sesión (el próximo martes 20) cualquiera de los comisionados plantee una reconsideración, lo cual se va a hacer obviamente", manifestó hoy Torres Caro a RPP.
La reforma, que ni siquiera es anteproyecto de ley, puede ser considerada como no prioritaria en cualquiera de las instancias parlamentarias, y ante todo el ruido surgido en estos días, pocos creen que exista prisa por sacar adelante un asunto tan controvertido.
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