La canciller de Honduras pide a EE.UU. sanciones contra el régimen de Micheletti

Naciones Unidas.-  La canciller de Honduras, Patricia Rodas, pidió hoy al Gobierno de Estados Unidos que aplique "sanciones directas" contra los responsables del régimen golpista que en su país dirige Roberto Micheletti.

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(EFE)

Rodas señaló que las autoridades de Washington, apoyándose en el multilateralismo, "podrían aplicar sanciones directas contra los responsables del golpe de Estado". EFE/Archivo

Rodas, durante una conferencia de prensa hoy en Naciones Unidas, señaló que las autoridades de Washington, apoyándose en el multilateralismo, "podrían aplicar sanciones directas contra los responsables del golpe de Estado".

Honduras vive inmersa en una profunda crisis política desde que a fines de junio pasado su presidente constitucional, Manuel Zelaya, fuese depuesto y sustituido por el Gobierno de facto de Roberto Micheletti.

Zelaya retornó sorpresivamente a su país el pasado 21 de septiembre para pedir la restitución de su presidencia y se refugió en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permanece desde entonces, con seguidores y personal de la embajada, rodeada por las fuerzas de seguridad hondureñas.

La canciller subrayó que el depuesto presidente "nunca y en ningún momento ha incitado a la violencia, quien lo hace es el régimen golpista" de Micheletti.

Asimismo, dijo que la comunidad internacional "deberá exigir más profundas sanciones contra el régimen de facto, para que el pueblo pueda intensificar su lucha pacífica contra los golpistas y lograr la restitución de la democracia".

Rodas aseguró que ello debería de suceder a partir del 15 de octubre, fecha en la que se deberían reanudar las mesas de diálogo conforme a los acuerdos de San José, que favorecen la resolución pacífica y dialogada de este conflicto.

"Ahora hay dos mesas de negociación que están suspendidas por dos días. El régimen no acepta la restitución (de Zelaya) ni el retorno al orden constitucional", dijo la ministra de Exteriores hondureña.

Rodas se refirió a que esas sanciones, que reclamó del Gobierno de Estados Unidos, deberían dirigirse hacia "los grupos de exportadores" que están sosteniendo al régimen de Micheletti.

"No se debe de ahogar la economía del país, sino la economía de los que mantienen al régimen represor de Honduras. Sostienen el salario de los torturadores hondureños a través de sus bancos y empresas", dijo la canciller, que señaló que "otros países han sido bloqueados por Estados Unidos en defensa de la democracia".

Agregó que "el pueblo ya ha sido sancionado por los golpistas" y subrayó que aunque el Gobierno del depuesto Zelaya no incitará a la violencia, no se puede evitar "que otros grupos cansados de esperar de que en Honduras haya paz y estabilidad puedan adoptar" otros caminos.

La ministra insistió en que "la situación en Honduras tiene que volver al minuto antes en que se produjo el golpe de estado".

Asimismo, se refirió con preocupación al informe elaborado por el grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre mercenarios recogiendo informaciones de que propietarios hondureños habrían recurrido a contratar a paramilitares de Colombia para proteger sus propiedades de la violencia.

Según las informaciones de que dispone el Grupo, unos 40 antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han sido reclutados por terratenientes en Honduras desde el 28 de junio, además de que otro grupo de 120 paramilitares de diversos países de la región estarían en el país centroamericano para apoyar el golpe.

Rodas subrayó que "no es un ataque a los colombianos, sino un informe de la ONU de que hay paramilitares de Colombia que están asesorando a paramilitares de Honduras".

Zelaya salió de su país el 28 de junio, después de que el Ejército lo sacara de su casa por la fuerza y lo trasladara a Costa Rica, tras mantener un grave enfrentamiento durante varios días con otros poderes del Estado.

El depuesto jefe de Estado, quien el 21 de septiembre regresó a Honduras de forma clandestina, insistía en llevar a cabo una consulta popular con vistas a una reforma constitucional que, según sus detractores, le abriría el camino a la reelección, pese a que el Parlamento y el Tribunal Supremo la habían declarado ilegal.