Los industriales elogian la liquidación de una empresa, obreros y campesinos la repudian

México.-  La fulminante liquidación de la empresa pública de energía eléctrica que abastece al centro de México por decreto presidencial provocó hoy el rechazo de trabajadores y campesinos, pero despertó elogios de industriales.

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El presidente de México, Felipe Calderón, decretó la madrugada de hoy la disolución de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y el despido de sus 60.000 trabajadores, a quienes se les pagará una indemnización de hasta 20.000 millones de pesos (unos 1.538 millones de dólares).

La sorpresiva medida, antecedida por la toma policial de las instalaciones de LyFC, se dio en el marco de un conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Gobierno federal que no reconoce a su líder, Martín Esparza, por supuestas anomalías en su elección.

Pese a ello, el Gobierno argumenta que la liquidación obedece cuestiones financieras y operativas, ya que la empresa era "ineficiente".

Las primeras reacciones vinieron del SME, que esta mañana realizó una marcha de rechazo hacia el Ministerio del Interior, resguardado por cientos de policías.

El SME exige la derogación del decreto por medio del cual se liquidó LyFC, la salida de la policía de las instalaciones y la instauración de una mesa de diálogo con el Gobierno sobre la forma de operar la empresa.

En respuesta, el ministro del Interior mexicano, Fernando Gómez Mont, ofreció reunirse con Esparza y otros líderes del SME, pero para abordar el proceso de liquidación.

El encuentro entre las partes duró un par de horas en la sede del Ministerio, sin que de momento se sepan los resultados.

La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) expresó "su absoluto respaldo y reconocimiento" al presidente Calderón "por las eficientes acciones emprendidas" sobre LyFC.

"El sector industrial considera que la liquidación (...) se presenta en el momento más oportuno, dadas las condiciones económicas del país", dijo la Concamin en un comunicado.

Afirmó que "la industria confederada se congratula por el mensaje de eficiencia enviado por el presidente Calderón, y confía en que continuará trabajando sin afectaciones y con un servicio de energía de mayor calidad en beneficio de México".

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se sumó a este apoyo y su líder, Miguel Marón, dijo que estaban conscientes de que se realiza "en bien del país, por un mejor futuro en el largo plazo, en donde los recursos podrán ser orientados a proyectos de un alcance mayor y no a subsidiar ineficiencias".

"Es algo que ya se esperaba desde hace mucho tiempo y ahora el Jefe del Ejecutivo demuestra que tiene la voluntad política para eliminar cargas", dijo Marón en un comunicado.

En contraste, la Confederación Nacional Campesina (CNC), que dice representar a cinco millones de labriegos, repudió la liquidación de la empresa porque representará el "desempleo de más de 60.000 trabajadores, a los que se engañó con la promesa de iniciar un proceso de negociación".

Cruz López, presidente de la CNC, organización a fin al opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que el decreto "es una mala señal del Gobierno Federal, que cada vez más se manifiesta de manera represiva contra los sindicatos y las organizaciones sociales".

Hasta ahora la toma de instalaciones por parte de la Policía Federal y las protestas de los sindicalistas se han realizado de forma pacífica.

Según el Gobierno de México el servicio de energía eléctrica no será privatizado, el cual seguirá en manos del Estado, "como lo ordena la Constitución" y la operación de LyFC queda en manos de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El ministro Gómez Mont aseguró en rueda de prensa que la extinción se debe a que la "situación financiera era insostenible" y no a una acción contra el sindicalismo, además de que afirmó que no hay orden de detención contra el líder sindical Martín Esparza.

LyFC suministraba energía eléctrica al Distrito Federal, a 82 municipios del Estado de México, a 45 de Hidalgo, dos de Morelos y tres de Puebla, con una población total de 25 millones de personas.