Bogotá.- La delegación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Defensoría del Pueblo advirtieron hoy en Bogotá sobre los efectos negativos para la población desplazada por la suspensión de proyectos del Convenio Andrés Bello (CAB) en el país.
Los beneficiarios de estas iniciativas son comunidades indígenas y afrocolombianas que se encuentran entre las más golpeadas por la violencia en el país. EFE/Archivo
Entre los inconvenientes figuran la falta de acceso a los fondos administrados por el CAB y que afectan el trabajo de dos Casas de los Derechos, que acercan los servicios del Estado a zonas de difícil acceso, donde viven miles de personas desplazadas y comunidades de muy bajos ingresos.
Estas casas funcionan en los municipios de Soacha (Cundinamarca, centro) y Bello (Antioquia, noroeste).
También resulta afectado el trabajo de 15 defensores comunitarios y de fronteras en 14 regiones de Colombia, y el proyecto nacional que apoya ACNUR para fortalecer la capacidad de acción de la Defensoría del Pueblo en el desarrollo y vigilancia de políticas públicas a favor de los derechos de las personas desplazadas.
A comienzo de agosto pasado, la secretaria general del CAB, la boliviana Mirja Guevara, dijo que había recibido la orden de redefinir el Convenio y congeló pagos de 200 convenios con la Presidencia colombiana y algunos ministerios y decenas de entes por unos 20 millones de dólares.
La advertencia está contenida en un comunicado conjunto de las dos entidades en el que se explica que en gran parte de las zonas afectadas, "los beneficiarios de estas iniciativas son comunidades indígenas y afrocolombianas que se encuentran entre las más golpeadas por la violencia en el país".
El Convenio Andrés Bello agrupa a 13 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santo Domingo y Venezuela y fue creado el 31 de enero de 1970 como organismo de integración en la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura.
Las dos entidades instaron a los ministros de los países miembros del CAB "para que orienten la adopción de medidas que permitan continuar el desarrollo normal de estos proyectos".
En su defecto, añadieron, se podrían liquidar dichos proyectos "de forma que no se siga afectando el bienestar de poblaciones que ya están entre las más vulnerables del país".
En gran parte de las zonas afectadas, los beneficiarios de estas iniciativas son comunidades indígenas y afrocolombianas que se encuentran entre las más golpeadas por la violencia en el país.
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