El Congreso de Guatemala, bajo presión para enmendar la elección de magistrados

Guatemala.-  El Congreso de Guatemala se encuentra en el ojo del huracán y bajo la presión nacional e internacional para que enmiende la elección de los trece nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), seis de ellos cuestionados por su falta de transparencia y honorabilidad.

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(EFE)

El Congreso eligió el pasado miércoles a los trece nuevos magistrados de la Corte de una lista de 26 candidatos presentada por una Comisión de Postulación. EFE/Archivo

Casi medio centenar de organizaciones sociales, académicas, sindicales y de derechos humanos se unieron en Guatemala con un solo objetivo, según dicen: Combatir la impunidad e impedir que los jueces cuestionados lleguen a la CSJ.

El Congreso eligió el pasado miércoles a los trece nuevos magistrados de la Corte de una lista de 26 candidatos presentada por una Comisión de Postulación.

Sin embargo, la elección quedó suspendida de forma provisional el pasado viernes por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país, al amparar una denuncia en contra de los jueces.

La denuncia fue presentada por tres abogados particulares y a esa demanda se unieron las organizaciones civiles, agrupadas en la denominada "Convocatoria Ciudadana", que tuvieron de plazo hasta la noche del lunes para presentar pruebas en contra de los magistrados.

En una situación sin precedentes en Guatemala, ahora el Congreso debe evaluar a partir de hoy las pruebas presentadas por las organizaciones para determinar si sustituye a los magistrados.

Retrasos intencionados en resoluciones judiciales, quejas por juicios sin transparencia y vínculos políticos, son algunos de los señalamientos que, según los dirigentes sociales, descalifican a seis de los trece magistrados electos el pasado miércoles por el Congreso.

"Son pruebas que demuestran la falta de idoneidad y honorabilidad de éstos magistrados", aseguró a Efe Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, una de las 48 organizaciones que integran la Convocatoria Ciudadana tras presentar en el Congreso el lunes las evidencias en contra de los jueces.

La mayoría de grupos de este frente temen que los diputados no atiendan la demanda de la sociedad civil y omitan los señalamientos fundamentados en contra de los magistrados y los ratifiquen en los cargos.

En opinión de Renzo Rosal, del Foro Guatemala, que integra la Convocatoria Ciudadana, la presión que ejercen sobre el Congreso es para sacar de la lista a por lo menos cuatro de los magistrados cuestionados.

El presidente del poderoso Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Jorge Montenegro, dijo a periodistas que todavía existe una esperanza de hacer recapacitar a los diputados para que nombren a magistrados idóneos.

Según estas asociaciones, los jueces que no son considerados idóneos por tener vínculos políticos y participar en negocios con el Estado son Thelma Aldana, Manuel Pocasangre, Dimas Bonilla, Elda Nájera, Jackeline España y Mynor Franco.

Estos jueces también fueron cuestionados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que dirige el jurista español Carlos Castresana y que antes de la elección recomendó al Parlamento abstenerse de votar por ellos.

Según el presidente del Parlamento, Roberto Alejos, existen tres escenarios en este proceso: Ratificar la elección y declarar que las pruebas no son fehacientes, anular la elección y crear un método para desconocer a los magistrados tachados y nombrar a sus sustitutos.

No obstante, el secretario general de la gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Juan Alfaro, ratificó hoy, en una rueda de prensa, el apoyo a los trece magistrados electos.

"Estamos preocupados por el rumbo que ha tomado la elección porque dicen que fue viciada, lo que no es cierto", aseguró Alfaro, y señaló que las pruebas en contra de los magistrados se tuvieron que presentar antes y no ahora que ya han sido elegidos.

Alfaro denunció que existe una "manipulación política" para dejar fuera a los magistrados que la sociedad civil rechaza.

Según la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque, en la reciente elección de magistrados se "ignoró los principios de transparencia, objetividad e idoneidad".