Comienza el debate sobre la inmunidad de Berlusconi sin la Fiscalía de Milán

Roma.-  El Tribunal Constitucional de Italia abrió hoy, con la ausencia de la Fiscalía de Milán, el debate sobre la legitimidad del "Laudo Alfano", la ley que otorga inmunidad a Silvio Berlusconi y cuya derogación puede suponer la reanudación de los procesos judiciales contra el primer ministro.

El análisis definitivo al que se somete ahora la controvertida ley de inmunidad, aprobada en 2008 por el Parlamento a iniciativa del Gobierno y de su ministro de Justicia, Angelino Alfano, empezó poco después de las 09.30 hora local (07.30 GMT) con una audiencia pública que presidían los quince magistrados que componen la Corte.

Tras comenzar la audiencia, que ha despertado un gran interés en Italia y el extranjero, el tribunal se retiró a deliberar si la Fiscalía de Milán podía constituirse como parte en el proceso, posibilidad que finalmente desestimó.

Las autoridades milanesas, representadas ante la Corte por Alessandro Pace, defienden la inconstitucionalidad de la ley porque, según ellas, viola la igualdad de los ciudadanos y porque se trata de una norma que no fue aprobada con el procedimiento de modificación constitucional que habría requerido por su naturaleza.

Pero finalmente los quince magistrados del Constitucional no accedieron a autorizar la intervención de Pace, quien tras conocer esta decisión expresó, ante los medios de comunicación presentes en el Constitucional, que sentía un poco de "amargura" por no haber podido participar en la audiencia.

"Ésta es una ley 'ad personam'. Hace diez años habría sido declarada inconstitucional sólo por este hecho", comentó el representante de la Fiscalía de Milán.

Poco después de decidir la no intervención de Pace, los magistrados escucharon los alegatos de los abogados del primer ministro Niccolò Ghedini y Gaetano Pecorella, acompañados hoy en la defensa del "Laudo Alfano" por el representante de la Abogacía del Estado, Glauco Nori.

"Se ha dicho que se ha intentado condicionar a esta Corte. La Abogacía ha defendido una norma, producto legislador del Parlamento, que el Estado tiene el derecho de defender", dijo Nori ante los magistrados, cuyo dictamen será decisivo en el futuro de Berlusconi y del propio Gobierno de Italia.

El pasado 16 de septiembre la prensa italiana filtraba el contenido del texto presentado por Nori ante el Constitucional para exigir, en base a "daños irreparables", que no se derogue el "Laudo Alfano", que establece también la suspensión de los procesos penales anteriores a la llegada al cargo del presidente de la República y de los titulares de la Cámara Alta y Baja.

El Estado basa su defensa en el hecho de que, si se derogase la ley, "se provocarían daños a los cargos electivos, que no podrían ser ejercidos con el compromiso debido, pudiéndose producirse, incluso, dimisiones", cuando Berlusconi tiene suspendidos sus procesos por corrupción en el caso Mills y por irregularidades en la compraventa de derechos por su empresa Mediaset.

Por su parte, Ghedini, el abogado de confianza de Berlusconi, orquestó la defensa de la controvertida norma en torno al argumento de que "la ley es igual para todos, pero no siempre su aplicación" y descartó que la ley de inmunidad sea aplicada sólo con ciertos delitos.

"Cualquier diferenciación, en lo que respecta a la concesión o no del legítimo impedimento a comparecer, sería, ésta sí, inconstitucional, si está prevista en base a diferentes tipos de delitos", indicó Ghedini, representante de Berlusconi en las causas legales por la publicación de las fotografías e informaciones sobre sus fiestas privadas con jovencitas.

Pecorella incidió que, en base a las modificaciones hechas a la ley electoral, no se puede considerar al primer ministro como "igual al resto de parlamentarios, es decir, no es un 'primus inter pares', sino que tiene que ser considerado como un 'primus super pares'".

Escuchados los alegatos, el Constitucional se retiró para decidir ya a puerta cerrada el futuro de una ley que, hasta el momento, ha mantenido a Berlusconi alejado de los juzgados, todo cuando el Tribunal Civil de Milán ha condenado a su grupo Fininvest a pagar 750 millones de euros al conglomerado CIR por una corrupción de la que el mandatario fue "corresponsable".

El dictamen del Constitucional puede llegar en las próximas horas o retrasarse hasta la semana que viene, pues los magistrados parten el jueves hacia Lisboa para un congreso internacional.