Ferrol.- Las familias de las víctimas del accidente de la fragata Extremadura, en el que murieron en 2005 dos jóvenes marineros durante una explosión, ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el archivo del caso, para que se investigue si hubo negligencia en el siniestro.
Los dos féretros, cubiertos con la bandera de España, del cabo primero Francisco Javier Pérez Castrillón y el marinero Erik Noval Gómez, fallecidos en una explosión registrada a bordo de la fragata "Extremadura". EFE/Archivo
Fuentes de la defensa de las víctimas confirmaron que el juzgado togado militar territorial número cuatro de A Coruña que investigaba el accidente de la fragata "Extremadura" ha archivado las diligencias previas de la investigación, que se inició en enero del 2006 a petición de la familia de Eric Noval, uno de los marineros fallecidos.
En el auto judicial, fechado el pasado 25 de septiembre del 2009 y al que ha tenido acceso Efe, el juzgado militar, compuesto por un auditor y dos vocales, acuerda el sobreseimiento del sumario "al no ser los hechos investigados constitutivos de infracción penal". Esta decisión contó con el voto en contra de uno de los tres miembros del tribunal militar, que reclama la apertura de un juicio oral.
El fallo fue comunicado en las últimas horas a la familia de Eric Noval. Su madre, Isabel Gómez, adelantó que "indudablemente" recurrirán el archivo de las diligencias ante la sala quinta de lo Militar del Tribunal Supremo de Madrid.
Apunta que este órgano está integrado por dos civiles y un militar y espera que muestren mayor sensibilidad sobre la necesidad de investigar los hechos acaecidos en la fragata "Extremadura".
La familia sostiene que en el accidente hubo negligencia por parte de los mandos del buque, que desoyeron las advertencias sobre los elevados niveles de cloro detectados en la caldera del buque que posteriormente explosionaría.
La Armada achacó el siniestro al desgaste de los materiales de una fragata con más de tres décadas de servicio.
La familia basó sus argumentaciones en el testimonio del cabo Jorge Miguel Gago Chao, que denunció públicamente que en las horas previas a la explosión había advertido repetidas veces a sus superiores de que los niveles de cloro excedían los límites permitidos.
El cabo fue expedientado y denunció "presiones y represalias" por parte de la Armada para que guardara silencio sobre el accidente.
Su caso generó una fuerte contestación social en la comarca ferrolana con concentraciones y protestas a favor de la libertad de expresión participadas por colectivos vecinales, partidos políticos como IU o el BNG y sindicatos.
Se constituyó una plataforma que inicialmente reclamaba libertad para el cabo y que en la actualidad se define como Plataforma Ciudadana por la Verdad en la fragata Extremadura.
Los miembros de esta entidad realizarán una valoración de la decisión del juzgado militar el próximo jueves en una rueda de prensa en la ciudad.
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