Temen la politización de la nueva Corte por la inclusión de jueces sin transparencia

Guatemala.-  Diversos sectores de la sociedad temen que la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), que debe asumir el próximo 13 de octubre en Guatemala, sea politizada por la elección de jueces sin transparencia y cuestionados también por la comunidad internacional, informa hoy la prensa local.

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(EFE)

Dirigentes humanitarios y activistas de movimientos pro justicia, sostienen que hubo negociaciones "debajo de la mesa" en el Congreso, para incluir entre los 13 magistrados, a jueces que no cumplen con los requisitos éticos. EFE/Archivo

Dirigentes humanitarios y activistas de movimientos pro justicia, sostienen que hubo negociaciones "debajo de la mesa" en el Congreso, para incluir entre los 13 magistrados, a jueces que no cumplen con los requisitos éticos.

Un diputado de la gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena, ha reconocido públicamente que hubo un acuerdo previo para elegir a los magistrados.

Los sectores de derechos humanos y de justicia cuestionan la elección, el pasado miércoles, de Thelma Aldana, Manuel Pocasangre, Dimas Bonilla, Elda Nájera, Jackeline España y Mynor Franco, que también habían sido considerados no idóneos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los otros siete magistrados electos para el periodo 2009-2012 y que reciben el beneficio de la duda son Erick Álvarrez, César Barrientos, Ervin Gómez, Héctor Maldonado, Gabriel Medrano, Gustavo Mendizábal y Rogelio Zarceno.

Según los activistas, entre ellos Renzo Rosal, del denominado Foro Guatemala, que aglutina a una veintena de organizaciones, en la elección de los nuevos magistrados "se evidenció la injerencia entre organismos del Estado".

"Ciertas fuerzas políticas vinculadas al crimen organizado se han puesto de acuerdo y nos da como resultado una corte coartada, politizada, dependientes de esas fuerzas", sostiene el dirigente.

Rosal advierte que el panorama para la justicia del país en el futuro será "muy complicado".

La diputada opositora Nineth Montenegro afirma que en la elección de magistrados "hubo irrespeto total a las demandas sociales, actitud espurias, e intereses de poderes fácticos fuera el Congreso que deben ser desnudados".

A criterio de Carmen Aida Ibarra, de la Fundación Myrna Mack que vela por el fiel cumplimiento de la justicia y el combate de la impunidad en el país, en la elección de los nuevos jueces "hubo una fuerza importante de la cúpula del partido oficial", la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Ibarra también coincide en que la inclusión de magistrados que no son considerados idóneos, presagia un mal augurio para la administración de la justicia en los próximos cinco años.

Mientras que el magistrado español, José Antonio Martín Pallín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), considera que el Congreso dio un mensaje negativo al elegir a magistrados que habían sido cuestionados por la Cicig.

En declaraciones que publica hoy el diario local "Prensa Libre", Martín Pallín, quien la semana pasada visitó Guatemala, dijo que los diputados deben dar cuenta de sus actos.

De momento, la elección de los nuevos magistrados a la CSJ está suspendida de forma provisional luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, amparara a tres abogados particulares que se querellaron por la inclusión de jueces que no consideran probos.

La CC dio un plazo hasta mañana para que los diferentes sectores de la sociedad presenten al Congreso pruebas fehacientes en contra de los magistrados que ellos no consideran transparentes.

La activista Helen Mack, titular de la Fundación Mirna Mack, asegura que se están preparando todas las pruebas para presentarlas ante el Parlamento.

Según el presidente de la CC, Francisco Flores, el Congreso deberá sustituir al magistrado electo de forma inmediata y se presentan pruebas que cuestionen su elección.