El abogado general europeo cree que el sistema asturiano de farmacias viola las normas

Bruselas.-  El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Luis Poiares Maduro considera que las normas del Principado de Asturias que regulan el reparto y la adjudicación de las oficinas de farmacia son contrarias al derecho comunitario, ya que incurren en restricciones a la competencia y a la libertad de establecimiento.

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(EFE)

Vista exterior de una farmacia. EFE/Archivo

Según las conclusiones del abogado general, publicadas hoy, el modo de aplicar la legislación asturiana que limita el número de los negocios farmacéuticos en función de la población, no se justifica por razones de salud pública.

La función del abogado general consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa, pero sus conclusiones no vinculan a los jueces, que dictarán sentencia en el caso más adelante.

En un comunicado, el Tribunal recuerda que las normas del Principado de Asturias establecen restricciones de población por cada establecimiento, así como una separación mínima de 250 metros entre farmacias.

También fijan varios criterios para evaluar a los farmacéuticos que soliciten abrir su propio negocio, como la experiencia profesional y docente.

En el caso de la experiencia profesional, sólo es valorada en el procedimiento que otorga la primera licencia y, además, se conceden más puntos a quienes hayan desempeñado su profesión en un municipio con menos de 2.800 habitantes.

Si varios candidatos obtienen la misma puntuación, el permiso se otorga en primer lugar a quienes no hayan sido titulares de una farmacia, seguidos de quienes ya tuviesen una licencia en una población inferior a 2.800 habitantes, de aquellos profesionales que hayan ejercido en Asturias y, finalmente, de quienes tengan más méritos académicos.

Para el abogado general, un sistema que incentiva a los farmacéuticos para que se establezcan en zonas más pequeñas y menos rentables puede estar justificado, ya que pretende garantizar el reparto de las oficinas de farmacia por todo el territorio.

Sin embargo, tras examinar la legislación asturiana, Poiares Maduro concluye que las restricciones, tal y como se aplican en Asturias, no son adecuadas para alcanzar la preservación del interés público en materia de salud.

Así, subraya que el sistema de concesión premia a aquellos farmacéuticos que explotan su negocio en una localidad pequeña, pero que también les penaliza, ya que su experiencia se valora cuando se les concede la primera autorización y no puede ser tenida en cuenta nuevamente.

Por ello, en opinión del abogado general, un farmacéutico que no haya tenido una autorización de apertura tendrá prioridad respecto a aquellos profesionales que tuviesen un negocio en una localidad pequeña y poco lucrativa.

Asimismo, cree que la posibilidad que tienen los titulares de una autorización de vender sus concesiones a quienes ellos elijan, limita la disponibilidad de tales licencias, y únicamente enriquece a determinados farmacéuticos.

Por ello, señala que esta práctica es una restricción de la competencia contraria al derecho de la UE.

Respecto a la evaluación de los solicitantes, el abogado general dice que la mayor parte de la legislación no es discriminatoria.

No obstante, puntualiza que los criterios que dan prioridad adicional a los solicitantes que hayan ejercido en el Principado constituye una discriminación contraria al principio comunitario de libertad de establecimiento.

El caso arranca de la denuncia que presentaron dos ciudadanos españoles, titulados en Farmacia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, después de que las autoridades del Principado denegaran una solicitud para abrir su propio negocio en 2002.