Madrid.- El vicepresidente de Madrid, Ignacio González, ha calificado de "fraude de Ley" el Real Decreto del Gobierno que permite a Cataluña y a Andalucía conceder permisos iniciales de trabajo a extranjeros y ha negado que la finalidad del recurso que han presentado contra la norma sea "atacar" a esas regiones.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, González ha dicho que le parece "inaceptable" que se critique al Gobierno de Madrid por haber presentado este recurso ante el Tribunal Supremo, "basándose en un hecho falso" como es "nosotros recurrimos algo porque queremos atacar a Cataluña o a Andalucía".
Ha explicado que lo que el Gobierno madrileño ha querido denunciar es la "torticera forma que ha utilizado" el Ejecutivo central para regular la concesión a inmigrantes de permisos iniciales de trabajo, ya que, en su opinión, se está actuado "en fraude de Ley".
González ha rechazado "como he oído decir a algunos dirigentes de Convergencia y a algunos responsables del Gobierno" que el permiso de trabajo y el de residencia "son dos cosas distintas", pues ha dicho que si esto es así, un inmigrante trabajaría por la mañana en España y por la noche tendría que "volverse a su país a dormir o a vivir".
Ha asegurado, por tanto, que ese argumento es "absolutamente falaz" y que además pretende "vulnerar un precepto Constitucional muy claro" que ya ha causado antes problemas al Gobierno, como es que "las competencias en inmigración y extranjería son exclusivas del Estado".
Ha recordado que buena parte de la política de Inmigración lo es "del conjunto de los países de la Unión Europea" y que, por tanto, "no es posible" que el Estado haga cesión de esta "competencia exclusiva", que además "está condicionada por la política Comunitaria".
En su opinión, el Gobierno "se ha inventado" el Decreto que permite a determinadas comunidades dar permisos de trabajo a extranjeros para "pagar algunos peajes" y lo ha hecho con esta figura legal "para que no podamos recurrir en vía de Inconstitucionalidad" contra "una disposición con rango de Ley" y evitar "que se pueda atacar por donde hay que atacar".
El problema, ha añadido, "es que están rompiendo la política de Inmigración como política nacional" porque se permite "que se ordenen los flujos migratorios, indirectamente, bajo la falacia del mercado de trabajo" por determinadas comunidades.
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