CCOO ofrece un pacto a la CEOE con una subida salarial contenida hasta el 2012

Madrid.-  Los sindicatos estarían dispuestos a cerrar un "gran acuerdo" salarial con la CEOE para los próximos tres años, que incluya una cláusula de revisión por la que los trabajadores recuperarían en 2012 el poder adquisitivo perdido en los dos años anteriores.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, consideró que, a falta de consensuar un documento con UGT, se trataría de alcanzar un pacto "similar en el tiempo" al acordado para los empleados públicos.

No obstante precisó que el incremento salarial del 0,3% previsto en 2010 para los funcionarios "quedaría lejos" de lo que puede ser un acuerdo en la negociación colectiva del sector privado.

El documento, que lo recibirá la CEOE en los próximos días, fue apoyado por unanimidad en el noveno Consejo Confederal de CCOO que analizó hoy la actual situación económica y la estrategia sindical de los próximos meses y que emitió un informe en el que pidió por una reforma fiscal "ambiciosa" y de "calado".

El secretario general de CCOO señaló que para llegar a un acuerdo retributivo con los empresarios "es condición indispensable" que la patronal desbloquee los convenios colectivos pendientes de firma y criticó que "buena parte" de los empresarios negociadores incumplan los compromisos plurianuales y no sean "fiables".

Explicó que el acuerdo de la negociación colectiva debería centrarse en tres "ejes": salario, reducción de empleo temporal y beneficios empresariales, y señaló que los incrementos salariales de los trabajadores estarían "vinculados a la evolución de la productividad de las empresas y de los sectores".

En relación con los salarios más bajos, supeditó su aumento a los mismos incrementos de los últimos años y recordó el compromiso del Ejecutivo para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) alcance los 800 euros en 2012.

Indicó que "sin poner cifras", patronal y sindicatos podrían cerrar un pacto que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que de lo contrario "sería un golpe que podría arruinar las relaciones de trabajo".

No obstante, el informe del Consejo anuncia una gran movilización sindical a mediados de diciembre, cuyos términos Toxo supeditó a un acuerdo con UGT y a la "actitud" de empresarios y organizaciones patronales.

El dirigente de CCOO advirtió al Ejecutivo de que "más allá de carreras de corto alcance el país necesita un "pacto de Estado" por la economía, el empleo y la protección social.

En este sentido, la previsión del sindicato es que el paro aumente en los primeros meses de 2010 "incluso más allá de las previsiones del Gobierno" y que la economía caiga este año cerca del 4% y lo haga en torno a un 0,6% en 2010.

Ante esta situación, Toxo dijo que los Presupuestos Generales del Estado para 2010 propuestos por el Ejecutivo "difícilmente" permitirán enfrentarse al sostenimiento del gasto social y consideró necesario "revisar el conjunto de las figuras impositivas" y recuperar el impuesto de patrimonio y de sucesiones.

Se mostró a favor de "tocar" el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para hacerlo "más progresivo" y dijo que sería "inconveniente" que el Gobierno "fiara" los ingresos del Estado sólo con una reforma del IVA, "que podría tener contradicciones en el consumo" y una "carga fiscal injusta".

Avanzó que una de las propuestas del Ejecutivo que contempla en los PGE para 2010 es reducir el gasto de Investigación, Desarrollo en Innovación una media del 8% en el conjunto de todos los ministerios, lo que calificó de "malísima noticia" ante "las tareas pendientes" que tienen estas áreas.

El documento, de 27 páginas, también señala que la Cumbre del G-20 de Pittsburgh debe ser una "cumbre del empleo" y pide que los jefes de Estado y de Gobierno definan un plan internacional de relanzamiento que gire en torno al empleo, la protección social y la inversión en la economía verde.

Asimismo, solicitan "un nuevo impulso" a la reforma financiera, y aplicar un cambio fiscal que incluya una reforma de los impuestos progresivos, poner freno al arbitraje regulatorio y crear un impuesto global sobre transacciones financieras, que debería ser utilizado para financiar la deuda pública generada en la lucha contra la crisis.