Caracas.- La fiscal General venezolana, Luisa Ortega, negó hoy que pretenda "criminalizar la protesta social", como denuncia la oposición, y reafirmó que su despacho procesa penalmente solo a las personas que incurren en un delito.
La fiscal General venezolana, Luisa Ortega, dijo que "En Venezuela se procesan a las personas penalmente porque cometen delitos", y si esa persona incurre en un "delito en el marco de una manifestación, indudablemente va a ser procesado". EFE/Archivo
"En Venezuela se procesan a las personas penalmente porque cometen delitos", y si esa persona incurre en un "delito en el marco de una manifestación, indudablemente va a ser procesado", declaró Ortega en entrevista con la televisión estatal.
Añadió que "el derecho a la protesta es de todos los venezolanos" pero sostuvo que habría "grupos, algunos actores" que aprovechan las manifestaciones de calle "para cometer hechos punibles (...) atentar contra las instituciones del Estado".
En un programa radial el viernes pasado, Ortega afirmó que algunas personas buscan "cualquier motivo para marchar (...) crear caos", y que esas "conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil", para el que la ley local establece penas de 12 a 24 años de cárcel, informó un comunicado de la Fiscalía.
Once partidos opositores agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática señalaron este domingo que esa actitud de Ortega evidenciaría un presunto intento de "criminalizar la protesta social", por lo que convocaron, para el próximo sábado, una marcha hasta la sede del organismo judicial para expresar su repudio.
La fiscal General señaló este martes que en base a la "mentira" de que supuestamente pretende "criminalizar la protesta" pública, sectores de la oposición venezolana han convocado la marcha del próximo sábado.
"Muchos" venezolanos "van a marchar pacíficamente y son utilizados como carne de cañón" por grupos con intereses políticos, recalcó la fiscal, durante una entrevista con el programa de opinión "Dando y dando" que transmite diariamente la estatal Venezolana de Televisión.
Presentó como ejemplo de ello que una marcha opositora el pasado 22 de agosto culminó con violencia porque un "grupo" de participantes intentó rebasar el límite de la ruta establecido con las vallas policiales.
En ese contexto, aclaró que el prefecto de Caracas y líder opositor, Richard Blanco, está preso desde el pasado miércoles "no porque manifestó" el pasado 22 de agosto, sino "porque cometió el delito de lesiones personales en contra de otro ciudadano".
Blanco es acusado por la Fiscalía de la presunta comisión de los delitos de "lesiones graves" a un policía e "instigación a delinquir" durante la marcha del pasado 22 de agosto.
El caso de Blanco, así como el de otros 11 trabajadores de la Alcaldía Mayor de Caracas detenidos esta semana, cuando manifestaban en contra de una nueva ley, son presentados por la oposición como supuestas evidencias de la "criminalización de la protesta" en el país.
El grupo de trabajadores municipales fue detenido el miércoles cuando junto a otras 200 personas se manifestaban en contra de una nueva Ley, aprobada ese mismo día por el Parlamento oficialista, que restó atribuciones ejecutivas a la Alcaldía Mayor, en manos de la oposición, y son acusados por la Fiscalía de "obstrucción de vías públicas", entre otros delitos.
La fiscal Ortega también negó datos de la organización humanitaria local Provea según los cuales en los últimos nueve años unas 2.200 personas han sido procesadas judicialmente por reclamar en la calle desde la falta de servicios públicos hasta el pago de salarios retrasados.
"Yo no conozco un solo caso (...) de que se esté procesando en Venezuela (a alguien) por manifestar, eso es absolutamente falso", dijo la fiscal General.
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