Santiago de Compostela.- La Xunta ha remitido hoy al Ayuntamiento de A Coruña un informe previo a la aprobación inicial de la revisión del PGOM, en el que se ponen de manifiesto deficiencias en la calificación de sistemas generales, la capacidad residencial o en el estudio económico, que la Administración local deberá resolver antes de continuar con la tramitación del plan.
El alcalde de A Coruña, Javier Losada, agradeció hoy el exhaustivo informe elaborado por la Xunta de Galicia sobre el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de A Coruña, ya que permitirá agilizar su tramitación. EFE/archivo
La Consellería de Medio Ambiente informó, en un comunicado, de que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) no estima una demanda futura de viviendas en cuanto a la extensión del término municipal, sino a la capacidad residencial, tomando como referencia el número de viviendas construidas entre 1999 y 2007, que alcanzó la construcción de cerca de 22.000 viviendas.
Según la documentación de la Administración local, la previsión es realizar 33.900 nuevas viviendas, de las que 24.723 serán consideradas como principales, por estimar que son las que se van a ocupar.
En este sentido, la proporción resultante estimada en el PGOM es de 2,6 habitantes por vivienda, lo que se traduce en un incremento de población de más de 64.000 habitantes sobre los 247.000 actuales.
Los técnicos de Urbanismo de la Xunta identificaron, también, una serie de deficiencias en la planificación de cuatro actuaciones: el sistema general portuario (Puerto), el sistema general ferroviario (estación de ferrocarril), el ámbito remitido a Plan Especial (estación de autobuses) y el suelo urbano consolidado (fábrica de Armas).
La nota de la Xunta indica que la estación de autobuses deberá calificarse como sistema general de comunicaciones, mientras que la fábrica de Armas tiene que considerarse como suelo urbano no consolidado.
El PGOM prevé la transformación de estas zonas a través de convenios con las administraciones implicadas, que aún están pendientes de formulación, por lo que la Xunta recordó que los convenios "no pueden sustituir a los planes generales como instrumento de ordenación del territorio" y que, en todo caso, la transformación de estos ámbitos debe realizarse "a través de la correspondiente modificación puntual del PXOM".
Otro de los aspectos que destacó la Administración autonómica es el informe sobre sostenibilidad ambiental y los aspectos hidrológicos que incorpora el PGOM, poro lo que determinó que el documento urbanístico "no tiene en cuenta el embalse de Meincende", que según la Xunta, debe valorarse, tanto desde el punto de vista del medio hídrico, como desde el riesgo de inundaciones.
Además, la nota señaló que en el término municipal existe una refinería de petróleo, por lo que consideró necesario realizar un análisis de los riesgos inherentes a las sustancias peligrosas.
También consideró que el PGOM no contiene una cartografía clara que defina las zonas acústicas y que permita prevenir nuevas construcciones residenciales en lugares próximos a las estación de ferrocarril, como en las zonas de Agra de San Cristobo, el aeropuerto, y en las zonas de Alfeirán, A Zapateira o A Zapateira II.
En el informe realizado por la Secretaría general de Ordenación del Territorio también se recogen indicaciones sobre la clasificación del suelo.
En el caso del suelo urbanizable, la Xunta determinó que el PGOM debe clasificar como suelo rústico los sectores SUD-6 (monte Alfeirán), SUD-7 (A Zapateira) y el SUD-9 (A Zapateira II), ya que están afectados por la prohibición de edificar como consecuencia de las limitaciones impuestas por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Alvedro.
En cuanto a las indicaciones sobre el suelo rústico, el informe de la Xunta señala que deben clasificarse como suelo rústico de protección de costas, los terrenos de la zona de Bens situados a menos de 200 metros del límite interior de la ribera del mar.
El informe emitido por la Xunta también considera que deben de ser corregidas otras cuestiones de índole documental, como incorrecciones en las denominaciones toponímicas, por lo que emplaza al Gobierno municipal a que subsane las deficiencias detectadas entes de su aprobación inicial, y ofrece su colaboración institucional para alcanzar una mejor ordenación urbanística.
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