Brasilia.- Un acuerdo entre congresistas católicos y evangélicos permitió que el pleno de la Cámara de Diputados de Brasil aprobara el concordato firmado con el Vaticano y un proyecto de ley parecido para los demás credos (evangélicos, judíos, musulmanes, etc.), informaron hoy fuentes oficiales.
La Ley General de las Religiones, redactada por los legisladores evangélicos, copia varios de los 20 artículos del concordato pero con una redacción como proyecto de ley para diferenciarlo del acuerdo internacional suscrito con el Vaticano. EFE/Archivo
Tanto el llamado Estatuto de la Iglesia Católica como la Ley General de las Religiones fueron aprobados a última hora de la noche del miércoles por voto simbólico, es decir, por un acuerdo entre los voceros de los partidos, informó hoy la Cámara en su sitio en Internet.
"Ese fue el acuerdo: nosotros aprobamos el de ellos y ellos aprueban el nuestro", admitió el diputado, locutor y teólogo George Hilton, del conservador Partido Progresista (PP) y autor del proyecto de ley de los evangélicos.
La Ley General de las Religiones, redactada por los legisladores evangélicos, copia varios de los 20 artículos del concordato pero con una redacción como proyecto de ley para diferenciarlo del acuerdo internacional suscrito con el Vaticano.
El acuerdo entre católicos y evangélicos tras cuatro horas de debates puso fin a la polémica generada por líderes de diferentes religiones, organizaciones laicas y asociaciones de científicos y juristas que se oponían a que el Congreso ratificara un acuerdo que, según ellos, concede privilegios a la Iglesia Católica.
Los críticos alegan que el texto concede privilegios a los católicos y es inconstitucional por herir las bases laicas del Estado y de la educación pública.
El concordato entre la Santa Sede y Brasil, el país con mayor número de católicos del mundo, fue firmado el 13 de noviembre del año pasado durante la visita que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le hizo al Papa Benedicto XVI.
El documento regula los aspectos jurídicos de la Iglesia Católica en el país, hasta ahora regidos por un decreto de 1890 de la entonces naciente República y hoy considerado como caduco.
El concordato prevé derechos ya existentes en el país como la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, exenciones fiscales, inmunidad de las entidades religiosas ante las leyes laborales, el sigilo de oficio de los sacerdotes y el valor civil del casamiento católico.
En su artículo más polémico, el concordato destaca la importancia de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, pero aclara que puede ser católica o de otra religión, una decisión que es facultativa de las escuelas.
Tras su ratificación en el pleno de la Cámara de Diputados, el concordato pasa ahora a votación en el Senado, así como la Ley General de las Religiones.
La gran diferencia entre los dos textos es la sustitución de la expresión "Iglesia Católica" por "todas las confesiones religiosas".
La Ley General de las Religiones reglamenta el derecho al libre ejercicio de la confesión religiosa y del culto.
Así como el concordato concede exenciones fiscales y laborales a los templos, permite el libre acceso de sacerdotes de todas las religiones a establecimientos carcelarios y militares.
Una de sus pocas innovaciones frente al concordato es el artículo que garantiza la libre manifestación religiosa en locales públicos.
Pese al acuerdo entre los partidos mayoritarios, los dos acuerdos fueron aprobados con el veto de legisladores de pequeños partidos, como el izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que calificó la maniobra como un fruto del "mercado de la fe".
Según datos oficiales, mientras que el porcentaje de católicos en la población brasileña cayó del 83 por ciento en el Censo de 1991 al 74 por ciento en el de 2000, el de evangélicos subió desde el 9,1 por ciento al 15,4 por ciento en el mismo período, y el de los que se declara sin religión pasó del 4,8 por ciento al 7,4 por ciento.
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