Beteta dice que el modelo de financiación "impuesto a toda España" es "retorcido"

MADRID.-  El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, aseguró hoy que el nuevo sistema de financiación "impuesto" por el Gobierno a todas las comunidades autónomas españolas es "críptico y retorcido" y beneficia "exorbitantemente al tripartito catalán al tiempo que maltrata, entre otros, a los madrileños".

ampliar foto

EP (EUROPA PRESS)

Consejero de economía, Antonio Beteta

En un artículo escrito para la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el consejero madrileño analiza al detalle el nuevo sistema presentado por el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero en el mes de junio y según el cual la Comunidad de Madrid recibiría 1.700 millones de euros y Cataluña 2.863 millones.

Beteta, que recordó que el Gobierno madrileño ha mostrado su desacuerdo con el sistema no sólo por su contenido sino también por la forma en la que ha sido aprobado, especificó que en este caso la negociación ha sido "inexistente, salvo la efectuada entre el Gobierno y el tripartito catalán" que, a su juicio, ha estado marcada "por su absoluta falta de transparencia y permanente opacidad".

"Este proceder ha devaluado gravemente al principal órgano de relación entre el Estado y las comunidades autónomas en el ámbito financiero: el Consejo de Política Fiscal y Financiera", sentenció, al tiempo que se quejó de que el nuevo modelo beneficia a los catalanes mientras se "maltrata" a los madrileños, que "realizan el mayor esfuerzo de solidaridad".

Desde el punto de vista del responsable de Economía regional, con esta forma de actuar "se ha incumplido el principio de no discriminación, aportando claros privilegios a determinadas regiones no sólo en los resultados conseguidos sino también respecto a la participación real en la negociación del nuevo modelo".

"BENEFICIAR A UNAS REGIONES EN DETRIMENTO DE OTRAS"

Siguiendo con su análisis, Beteta considera que la reforma que se ha planteado del sistema "ha retorcido las cifras y las estadísticas para facilitar más recursos y ventajas a unas regiones en detrimento de otras".

Así, denuncia que en el ámbito de la financiación de la asistencia sanitaria, el modelo "excluye" a 609.400 madrileños porque el Gobierno utiliza un concepto denominado población protegida equivalente según 7 grupos de edad. "Un método no consensuado por las comunidades autónomas que, además, cambió en el último momento respecto a la propuesta realizada el 30 de diciembre de 2008".

También señala que a pesar de que el nuevo sistema introduce un mecanismo de actualización de la población a través de la revisión anual del Fondo de Garantía, "el método aprobado excluirá a 300.000 madrileños de dicha actualización para todos los servicios que no tengan la consideración de fundamentales".

En cuanto a la dependencia, el sistema "opta por un criterio de reparto basado en las personas dependientes registradas y no en las personas dependientes con derecho". "De esta manera, utiliza una estadística nada consolidada, que sólo tiene en cuenta una serie de datos de gestión y, además, sólo contempla una parte de la atención a la dependencia", argumenta el consejero.

Además, Beteta cree que el modelo "rompe con el criterio de usuario potencial utilizado por el sistema, penalizando enormemente a los ciudadanos de la región de Madrid, que ya tenía un elevado número de usuarios dependientes atendidos antes de la entrada en vigor de la actual normativa".

El titular de Economía subrayó que una de las condiciones que reclamó la Comunidad de Madrid para aceptar el modelo fue la mejora de su financiación 'per capita', algo que "lamentablemente" no se cumple porque "conduce a un resultado profundamente injusto para la Comunidad de Madrid al situarla en una financiación por habitante inferior a la media nacional (90-91 por ciento en términos de población y 96-97 por ciento en términos de población ajustada) siendo la región más solidaria; una situación sin precedente en el contexto internacional".

A su entender, esta característica beneficia al Gobierno catalán. "Sólo así se puede justificar su criterio de distribución, basado en la población ajustada, lo cual carece de cualquier justificación técnica, derivando en un resultado políticamente dirigido", añade.

NO GARANTIZA LA SUFICIENCIA

Beteta destaca en su artículo que el modelo aprobado no garantiza la suficiencia dinámica del modelo que "resulta especialmente trascendente en un momento de profunda crisis económica como el que atraviesa actualmente España".

En este punto, recordó que el Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre propuso la creación de una Garantía de la Sostenibilidad de los Servicios Públicos Transferidos que avalara el principio de suficiencia que debe acompañar a cualquier Modelo de Financiación. "Dicha Garantía se articularía de tal manera que ninguna comunidad autónoma pudiera recibir en cualquier ejercicio menos recursos por entregas a cuenta y liquidaciones que los que hubiera recibido en el ejercicio inmediato anterior", dijo.

Apuntó asimismo que el Gobierno no aceptó esta propuesta "poniendo en peligro la suficiencia financiera del nuevo modelo ya desde el primer año de aplicación del mismo; peligro que parece más que probable a la vista de las previsiones existentes respecto a la negativa evolución futura de los recursos tributarios".

Como conclusión de su análisis, Beteta advierte que la "irresponsabilidad" del Gobierno central "ha llegado hasta tal punto

que ha forzado la aprobación de un modelo sin que los ejecutivos regionales tuvieran un conocimiento real del alcance del mismo y de sus consecuencias presupuestarias; aspectos claves para asegurar a sus ciudadanos la prestación de los servicios públicos en los próximos años y, en consecuencia, para salvaguardar su calidad de vida".