México.- Amnistía Internacional (AI) reclamó hoy al Estado mexicano una nueva investigación sobre la matanza registrada en 1997 en Acteal, en el estado sureño de Chiapas, después de que veinte personas condenadas por el crimen fueran liberadas por irregularidades en el proceso.
Dos de los veinte liberados de la prisión federal de El Amate, en la ciudad de Cintalapa (México), en la que cumplían condena por una matanza ocurrida en 1997 en Acteal, en el sur del país, bajan hoy, 13 de agosto de 2009, del autobús que los llevará a reunirse con sus familiares después de 11 años de permanecer presos.
"Esta es otra muestra de las graves deficiencias del sistema de justicia mexicano que parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo a los responsables de violaciones de derechos humanos," dijo Rupert Knox, investigador sobre México de AI, en un comunicado de la organización.
Veinte personas fueron liberadas la pasada madrugada de una cárcel en la que cumplían condena por la matanza, en la que tanto los condenados como las 45 víctimas eran indígenas, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara nulo el proceso el miércoles.
Los detenidos, que llevaban cerca de once años tras las rejas, salieron en plena madrugada de la prisión federal de El Amate, ubicada en la ciudad de Cintalapa, a unos 250 kilómetros de Acteal y unos 65 al oeste de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.
Según Amnistía Internacional, "las irregularidades en las investigaciones del caso Acteal, y muchos otros, han sido aparentes desde el inicio y han llevado a la emisión de sentencias sin solidez que pueden ser desechadas, dejando los casos impunes".
Una de las razones argumentadas por la SCJN para anular las condenas fue que se violaron las garantías individuales de los inculpados, entre ellas el derecho a una defensa adecuada.
Además, un testigo que inicialmente sostuvo que no hablaba español pasó después una lista con nombres de los supuestos autores, al parecer coaccionado por la policía.
AI calificó de "deficiente" la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía).
Por eso instó a las autoridades a establecer "la verdad y las responsabilidades a todos los niveles, incluyendo a funcionarios de alto rango y miembros del Ejercito sospechosos de estar implicados en la masacre por omisión o por su aquiescencia".
"Sin justicia, se está condenando a la comunidad al peligro de más violencia", dijo Knox.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en la comunidad de Acteal fue atacado por presuntos paramilitares, también indígenas, que acabaron con la vida de 45 miembros de la comunidad de "Las Abejas" (21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos), en el contexto del conflicto zapatista que había estallado casi cuatro años antes.
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