San José.- El Estado costarricense solicitó una indemnización de 89 millones de dólares del ex presidente y actual candidato a la Presidencia, Rafael Ángel Calderón, y de otros siete acusados en un caso de corrupción en el Seguro Social.
La acción civil de la Procuraduría señala que la indemnización debe ser solidaria, es decir, pagada por todos los acusados en partes iguales. EFE/Archivo
La Procuraduría General confirmó hoy que presentó su petición formal a los jueces y que esta indemnización correspondería al "daño social" causado por el desvío de fondos públicos en un préstamo que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adquirió en 2002 con el Gobierno de Finlandia para la compra de equipo médico.
La acción civil de la Procuraduría señala que la indemnización debe ser solidaria, es decir, pagada por todos los acusados en partes iguales.
Este caso, cuyo juicio inició en noviembre de 2008, se refiere al reparto de unos ocho millones de dólares en comisiones por un préstamo de 39,5 millones que la CCSS adquirió para comprar equipo médico a una empresa finlandesa.
La Fiscalía ha acusado tanto a Calderón (1990-1994), como a otros funcionarios del Seguro Social y de la Corporación Fischel, que representaba a la compañía finlandesa en Costa Rica, de tramar un plan para beneficiarse de una comisión ilegal.
Además del ex mandatario, los otros imputados son Eliseo Vargas, ex presidente ejecutivo de la CCSS; Juan Carlos Sánchez, ex gerente de modernización de la esta entidad y el ex directivo del Seguro Social Gerardo Bolaños.
Por parte de Fischel están acusados Walter Reiche, presidente de la empresa; el ex gerente general Marvin Barrantes y el ex gerente financiero Olman Valverde.
Para asegurar el pago de la demanda civil, el procurador de la Ética Pública, Gilbert Calderón, exigió a los jueces el embargo de siete fincas, ocho automóviles y dinero en efectivo, todos propiedad de los imputados excepto de Calderón, quien no posee bienes inscritos en el país.
Sin embargo, el procurador reconoció a la prensa local que a pesar de que el daño al Estado equivale a 89 millones de dólares, la Procuraduría estima poder recuperar en realidad unos 17 millones.
La pasada semana, la Fiscalía solicitó una pena de 24 años de prisión para Calderón, quien recibió en una cuenta bancaria en Panamá una comisión de 520.000 dólares por la aprobación del crédito, aunque él afirma que fue un pago legítimo por una consultoría que le brindó a la Corporación Fischel.
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