Santiago de Chile.- La Justicia chilena procesó hoy a dos ex oficiales del Ejército por supuestos pagos de comisiones ilegales a civiles y militares en el marco de la compra de 202 tanques Leopard I que Chile hizo a Holanda en 1998.
Según fuentes judiciales, el juez Manuel Antonio Valderrama procesó por malversación de caudales públicos al general en retiro Luis Iracabal Lobo y al ingeniero y brigadier retirado Gustavo Latorre.
Cuando se efectuó la compra, Iracabal era el director de la Fábrica de Materiales del Ejército (Famae), empresa estatal que suscribió el contrato con la holandesa RDM Holding.
De acuerdo con la investigación, cada uno habría recibido 600 mil dólares de comisión por la compra de los tanques.
En respuesta, el Gobierno de Chile calificó de "inaceptable" que los dos ex oficiales hayan recibido coimas.
"Verdaderamente es inaceptable que ex oficiales de las Fuerzas Armadas hayan recibido coimas por compras de armamento, eso no puede suceder, espero que aquí la Justicia tome todas las medidas y me alegro mucho de que las investigaciones hayan avanzado en ese sentido", dijo el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.
Agregó que si en su minuto hubiera tenido conocimientos de lo sucedido, "lo hubiera denunciado a la Justicia".
Pérez Yoma era en ese entonces (1998) ministro de Defensa.
A su vez, el ministro de Defensa, Francisco Vidal, manifestó que "si este procesamiento termina en condena por los tribunales, que no se confunda jamás a dos, tres, cuatro, siete, ocho o diez sinvergüenzas con los 40 mil hombres y mujeres que visten el uniforme del Ejército de Chile".
En tanto, el comandante en Jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, dijo que aunque esa institución no comenta los fallos "siempre es preocupante que ex integrantes sean sometidos a proceso".
Según difunde hoy la página digital de El Mercurio, ambos ex oficiales del Ejército fueron detenidos y trasladados hasta las dependencias de la Policía de Investigaciones, aunque en las próximas horas ingresarán al batallón de Policía Militar de Peñalolén.
El caso era investigado desde 2004, cuando el juez Sergio Muñoz, quien indagaba el origen de la fortuna del fallecido dictador Augusto Pinochet, descubrió el pago de estas comisiones.
Según los antecedentes que actualmente instruye el juez Valderrama, durante la venta de los tanques la empresa intermediaria del negocio, RDM (Rotterdam Droogdok Maatschappij), pagó 7,5 millones de dólares (14%), de los 53,7 millones del valor de la exportación, a altos mandos del Ejército.
En 2005, en tanto, la empresa holandesa RDM Technology confirmó públicamente que pagó 1,6 millones a una sociedad representada por el ex albacea de Pinochet, el abogado Óscar Aitken.
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