Panamá.- Panamá, 23 jul (EFE)- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá ordenó la reapertura de las investigaciones sobre un presunto soborno millonario en la Asamblea Nacional hace seis años, informó hoy una fuente judicial.
Este sonado caso revivió después de que el presidente del país, Ricardo Martinelli, que tomó posesión el pasado 1 de julio, prometió en su campaña política una investigación sobre este escándalo. EFE/Archivo
Los magistrados de la CSJ resolvieron este miércoles por unanimidad la reapertura del caso Cemis, un millonario proyecto de un centro multimodal, industrial y de servicios en la Zona Libre de Colón, 80 kilómetros al norte de la capital.
Este sonado caso revivió después de que el presidente del país, Ricardo Martinelli, que tomó posesión el pasado 1 de julio, prometió en su campaña política una investigación sobre este escándalo.
Martinelli dijo a la prensa local que corresponde a la CSJ y al Ministerio Público continuar con las investigaciones para "lograr que el pueblo panameño conozca de primera mano los autores del desequilibrado e ilícito manejo de los funcionarios y particulares, quienes están llamados a respetar las leyes".
"Las investigaciones también se relacionan con la ratificación de dos altos funcionarios del Órgano Judicial", señaló el gobernante.
La procuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez, dijo hoy a la prensa que hay suficientes evidencias desde el año 2003 para la reapertura del caso, sin precisar mas detalles.
El caso se conoció hace unos seis años cuando Carlos Afú, disidente legislador del entonces opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), denunció, con dinero en mano, haber recibido un pago ilegal a cambio de su voto para aprobar el Cemis.
Afú, reelegido como diputado independiente en las elecciones del 3 de mayo pasado, dijo en ese entonces que también otros colegas suyos del PRD fueron sobornados para aprobar el proyecto multimodal de Colón.
El diputado Afú, a su vez, fue denunciado por legisladores del PRD de haber sido sobornado para ratificar a dos magistrados de la CSJ propuestos por el gobierno de la entonces presidenta, Mireya Moscoso (1999-2004). Los magistrados, Winston Spadafora y Alberto Cigarrista, finalmente fueron ratificados.
Ambas investigaciones fueron archivadas y declaradas nulas por la CSJ argumentando irregularidades en la investigación por parte del Ministerio Público.
La anulación de estos expedientes también estuvo relacionada con la negativa de la entonces Asamblea Legislativa (hoy Asamblea Nacional) de suspender la inmunidad legislativa a los parlamentarios para ser investigados.
La procuradora general consideró que estos expedientes nunca debieron unirse en un solo caso, ya que esto llevó al "desafortunado resultado que hubo de la anulación de ambos temas".
Las reformas introducidas a la Constitución de Panamá a finales del 2004 otorgan a la CSJ la facultad para investigar a los diputados de la Asamblea Nacional, por casos delictivos y policiales, sin la autorización de ésta.
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