Madrid.- Unos 30.500 usuarios han solicitado hasta ahora beneficiarse del bono social eléctrico, en tanto que a 2,7 millones de clientes se les aplica directamente por tener en sus hogares una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (kW), según datos de las eléctricas recabados por Efe.
Unos 30.500 usuarios han solicitado hasta ahora beneficiarse del bono social eléctrico, en tanto que a 2,7 millones de clientes se les aplica directamente por tener en sus hogares una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (kW), según datos de las eléctricas recabados por Efe. EFE/Archivo
Estas cifras aún están lejos de los 5 millones de hogares que el Gobierno prevé que se beneficiarán del bono social, que entró en vigor el 1 de julio y que supone la congelación a precios de enero de 2009 de la factura eléctrica hasta 2012.
Según la normativa, el bono social se aplicará desde el primer día del ciclo de facturación en el que tenga lugar la recepción de la documentación que acredite que el cliente se puede beneficiar del bono.
En el supuesto de que alguien se beneficie sin tener derecho a ello, su compañía le sancionará con un recargo del 10 por ciento sobre la energía consumida irregularmente, que será aplicado en la factura posterior a la detección del fraude.
La explicación al bajo número de solicitantes podría estar en la llegada de las vacaciones de verano, la falta de información por parte de los usuarios y en la lentitud de las administraciones para hacer llegar a los consumidores la documentación necesaria para acreditar que se pueden acoger al bono social, explicaron a Efe fuentes del sector.
Otro de los factores a tener en cuenta es que algunos clientes prefieren evitarse el papeleo ante la cuantía del ahorro que pueden obtener al beneficiarse de esta ayuda.
Dado que la tarifa eléctrica subió un 2 por ciento en julio, un consumidor medio, que paga unos 33 euros al mes, se ahorra menos de 0,66 euros, ya que parte de la factura corresponde a conceptos que no tienen que ver con el consumo (como el alquiler del contador o la potencia contratada).
Desde el 1 de julio tienen derecho al bono social las primeras residencias con potencias instaladas iguales o inferiores a los 3 kilovatios, así como los pensionistas de más de 60 años que cobren pensiones mínimas, las familias numerosas y aquellas con todos sus miembros en situación de desempleo, siempre que sus potencias instaladas no superen los 10 kW.
Mientras al primer grupo se le aplica el bono social de forma automática, el resto de potenciales beneficiarios deben solicitar su aplicación a su correspondiente comercializadora eléctrica.
Actualmente, los clientes con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kW pueden elegir entre acudir al mercado o acogerse a tarifa, en tanto que los que superan ese límite deben contratar su suministro con una comercializadora que opere en el mercado libre si no quieren ser penalizados.
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