El Ayuntamiento de Madrid pondrá en juego los terrenos del entorno de Cañada Real

Madrid.-  La delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, ha dicho hoy a Efe que la idea del Ayuntamiento de la capital es "poner en juego los terrenos del entorno" de la Cañada Real dentro de la ordenación urbanística que aprobará previa a la desafectación por la Comunidad de esta antigua vía pecuaria.

Tras el acuerdo alcanzado ayer entre la Delegación del Gobierno, la Comunidad y los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada para desafectar el tramo de la Cañada que pasa por esos municipios -14,2 kilómetros con una anchura de 14 a 37 metros en los que pueden vivir unas 14.000 personas en casas y chabolas edificadas en los últimos 40 o 50 años- Martínez ha preferido no adelantar sus planes.

Aunque su equipo ya trabaja en ellos, sólo ha adelantado a Efe que la ordenación urbanística de la Cañada incluirá el entorno de la misma y que no se actuará de la misma forma en todos los tramos, ya que, por ejemplo, no se estima conveniente proponer uso residencial para el suelo próximo al Parque Tecnológico de Valdemingómez.

El acuerdo alcanzado ayer prevé la desafectación de la Cañada Real, por ley autonómica cuyo proyecto se aprobará en Consejo de Gobierno mañana o el jueves siguiente, de manera que los 14,2 kilómetros de este antiguo paso de ganado que atraviesan Madrid, Rivas y Coslada, por el que no pasa ningún ganado, dejen de ser de dominio público para convertirse en bien patrimonial de la Comunidad.

Cuando se produzca la desafectación, controlada por las administraciones, la Comunidad podrá vender, enajenar, ceder o arrendar esos terrenos, y será entonces, después de aprobado el anteproyecto de ley, cuando los municipios deberán dar otros dos pasos: desarrollar la ordenación urbanística de ese suelo y alcanzar un acuerdo social sobre el futuro de las personas que habitan en él.

La Ley que aprobará la Asamblea otorgará un año de plazo a los ayuntamientos para aprobar la ordenación de su tramo, que se efectuará a través del artículo 69.2 de la Ley regional del Suelo, es decir, mediante modificación del plan general de ordenación urbana.

La ejecución de cualquier negocio jurídico sobre ese suelo por parte de la Comunidad se hará, en todo caso, sin perjuicio de los derechos adquiridos por algunos propietarios, que en el término municipal de Madrid "deben ser muy pocos", según Martínez.

Para conocer este dato con exactitud, los tres ayuntamientos deberán realizar también, en este caso antes de seis meses tras la entrada en vigor de la Ley, el censo de residentes en las viviendas construidas en la Cañada Real, siempre en función del padrón cerrado a fecha de ayer, según ha dicho Martínez a Efe.

La tercera actuación en el ámbito competencial de los municipios es el acuerdo social con la Comunidad, como ocurre cuando se va a erradicar un núcleo chabolista, que pondrá "los instrumentos sociales a disposición del proceso", paralelamente a los urbanísticos y a los de seguridad pública, ha explicado la delegada.

Por otra parte, Martínez ha restado importancia al "cierto malestar" que, según fuentes de la Comunidad, existe en el Gobierno regional respecto a las repercusiones de la reunión de ayer y al hecho de que se le esté dando "una utilización política" al asunto por parte de algunos partidos y administraciones implicadas cuando, aseguran, el "liderazgo" en este tema lo ostenta Comunidad de Madrid.

"Lo relevante -ha dicho- es que la mesa de negociación presidida por la Comunidad ha logrado después de 50 años una solución por la vía política y lo absolutamente irrelevante es que nadie de la Comunidad nos dijo ni al alcalde de Rivas ni a mí, ni ayer ni hoy que no podíamos mostrar nuestra satisfacción por el acuerdo".