Corte uruguaya valida las firmas para el plebiscito contra la Ley de caducidad

Montevideo.-  La Corte Electoral validó el número necesario de firmas presentada por la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, y los uruguayos decidirán el próximo 25 de octubre en las urnas, el mismo día de las elecciones nacionales, sobre su validez, informaron hoy fuentes oficiales.

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(EFE)

Imagen de integrantes de organizaciones sociales mientras entregan en la sede del Parlamento en Montevideo (Uruguay), más de 324.000 firmas para convocar al plebiscito contra la Ley de caducidad. EFE/Archivo

"El domingo por la tarde se llegó a la validación del número de firmas necesarias, se pasó el número 258.711 y queda habilitado el proceso del plebiscito", dijo a Efe, uno de los ministros de la Corte Electoral, Edgardo Martínez Zimarioff.

Una vez superado el número requerido, el 10 por ciento del padrón electoral como marca la legislación, "se detuvo el análisis de las firmas por parte de los funcionarios de la Corte porque no tiene sentido seguir con el trámite", agregó.

La "comunicación oficial" de la Corte Electoral uruguaya sobre que se alcanzaron las firmas necesarias se hará "en las próximos horas", señaló el ministro.

El trámite continuará con una comunicación de la Corte Electoral al Parlamento dando cuenta de que las firmas entregadas por la Coordinadora son suficientes para convocar al plebiscito.

Después, "el Parlamento puede presentar un proyecto de ley alternativo a la Ley de Caducidad, para que se someta a plebiscito de manera simultánea", agregó.

En caso contrario, el 25 de octubre, junto a las elecciones presidenciales, los uruguayos deberán votar por mantener o anular la Ley de Caducidad.

Según las recientes encuestas, el 60 por ciento de los uruguayos está a favor de anular la ley.

Los impulsores de la anulación, la principal central obrera del país, PIT-CNT, y algunas figuras de la cultura en primera línea, han dicho que en el primer plebiscito, celebrado en 1989, los uruguayos votaron a favor de mantener la ley "por temor" y debido a que la democracia estaba "tutelada por los militares", que a cuatro años de su recuperación "todavía tenían mucha incidencia" en la política del país.

La Coordinadora entregó entre el 24 y el 25 de abril unas 340.000 firmas en el Parlamento para respaldar su pedido de anulación de la ley y el análisis de las firmas demandó largas jornadas de trabajo a los funcionarios de la Corte Electoral.

Al principio, en abril y mayo, se analizaban unas 5.000 firmas al día, pero en las últimas semanas el ritmo de trabajo se debió acelerar con largas jornadas y con más de 150 funcionarios, porque los tiempos se acortaban, y se llegaron a estudiar 20.000 firmas por día.

La Ley de Caducidad o "punto final" puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

La ley fue aprobada en 1986, tras el retorno a la democracia, y refrendada por la población en un plebiscito tres años después, con el voto a favor del 60 por ciento de los participantes.

Con la llegada al poder, el 1 de marzo de 2005, del presidente Tabaré Vázquez, el primero de izquierda en la historia de Uruguay, el Gobierno dejó fuera de la Ley de Caducidad varios sonados casos, lo que permitió que la justicia procesara y ordenara el ingreso a prisión de ocho militares y policías retirados, actualmente presos, incluido el ex dictadora Gregorio "Goyo" Álvarez.

Varios dirigentes de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio firmaron a favor del plebiscito y algunos sectores minoritarios del Partido Nacional, actualmente el principal de oposición, también respaldaron la posible anulación de la ley.

Para que la ley sea anulada se necesita la mitad más uno de los votos válidos en el plebiscito, que será simultáneo a las elecciones nacionales del 25 de octubre.