Almuñécar (Granada).- El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, ha anunciado la interposición de una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra la juez sustituta del Juzgado de Instrucción 2 de la localidad, Marta Cortés, por presunta vulneración del derecho constitucional a una tutela efectiva.
El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, ha anunciado la interposición de una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra la juez sustituta del Juzgado de Instrucción 2 de la localidad, Marta Cortés, por presunta vulneración del derecho. EFE/archivo
Benavides ha comparecido junto al equipo de gobierno, de Convergencia Andaluza (CA), y algunos corporativos de anteriores mandatos municipales para anunciar la interposición de esta denuncia a través de la lectura de un comunicado en el que no se especifican los motivos, y al término de la cual no ha admitido preguntas.
En el comunicado, el alcalde de Almuñécar dice que han adoptado la decisión por unas "reiteradas actuaciones" que, a su entender, suponen "la vulneración del derecho constitucional a una tutela efectiva por los tribunales de Justicia".
Fuentes municipales han explicado que el Juzgado en cuestión ha imputado en exclusiva a Benavides decisiones que en algunos casos las tomó otro alcalde.
"La justicia, que busca el esclarecimiento de la verdad, intenta sustituirse por una justicia inquisitorial donde la persecución de culpabilidad sustituya a la presunción de inocencia", agrega el comunicado leído por Benavides.
El equipo de gobierno mantiene que "las presuntas responsabilidades derivadas de los acuerdos de los órganos colegiados, en la mayoría de las ocasiones adoptados por unanimidad de todo los partidos políticos, se individualizan sistemáticamente" en Benavides, lo que constituye una "violación del articulo 14 de la Constitución, incluso los aprobados" cuando estaba en la oposición.
"La instrucción procesal, que sorprendentemente el reparto siempre atribuye al Juzgado número 2 y que sortea con agilidad asombrosa los atascos de la administración de justicia, entendemos se realiza sin respetar, salvo formalmente, el derecho constitucional a una defensa eficaz", según el comunicado.
El equipo de gobierno denuncia además que "las filtraciones reiteradas e interesadas a determinados medios de comunicación nunca son objeto de investigación por quienes tienen la máxima responsabilidad de evitarlas", lo que contribuye al "juicio mediático paralelo al proceso judicial".
Mantienen que "la utilización indiscriminada y desproporcionada de medidas cautelares, sólo conlleva adelantar la pena por una hipotética sentencia que no se ha producido", y que la "sistemática elevación a juicio" de denuncias "carentes de la más mínima solidez administrativa", sólo conducen "a la pena de banquillo y al consiguiente linchamiento mediático".
El equipo de gobierno dice estar convencido de que "se acabará demostrando la legalidad" de sus actuaciones, "siempre guiadas en defensa del bien común".
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