Quito.- El ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, se mostró hoy de acuerdo con la investigación iniciada por el Legislativo a la Base de Manta, donde hay un centro de operaciones estadounidense contra el narcotráfico, pues opina que existen al respecto "algunas sombras" que se deben aclarar.
"Creo que no está mal que se investigue, ése es un episodio que tiene algunas sombras en nuestro país. Fue una base que se entregó sin beneficio de inventario", dijo el ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce. EFE/Archivo
"Creo que no está mal que se investigue, ése es un episodio que tiene algunas sombras en nuestro país. Fue una base que se entregó sin beneficio de inventario. Ecuador nunca tuvo un control directo sobre la información que se generó en las acciones de la Base de Manta", dijo Ponce en una entrevista con el canal Gama TV.
El ministro aseguró que no ve "por qué eso pueda perjudicar a nadie", ya que "todo lo que sea transparentar un proceso es válido".
El Ministerio de Defensa, añadió, no se ha planteado realizar una investigación a la Base de Manta, pero ha entregado la información que ha requerido la comisión de la Asamblea Nacional que estudia las denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos en ese lugar.
En ese sentido, anotó que los militares estadounidenses no proporcionaban información a los representantes ecuatorianos en los vuelos desde la base ya que ese país no reconocía la soberanía de Quito más allá de las 12 millas.
"No había participación en la acción en los vuelos y simplemente recibíamos la información filtrada desde Estados Unidos", explicó.
La Comisión de Relaciones Internacionales anunció el pasado 14 de mayo que iniciaba una investigación de las actividades de las tropas de EE.UU. ante varias denuncias que les acusan de supuestas violaciones a los derechos humanos.
La semana pasada, la embajada de EE.UU. en Quito defendió la gestión del puesto militar antinarcóticos instalado en la base de Manta y ratificó que su misión "es estrictamente la detección de narcóticos".
El convenio para el uso de la base fue firmado por el ex gobernante Jamil Mahuad, en 1999, y finalizará este año.
Desde su campaña electoral en 2006, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que no iba a renovarlo, entre otras razones, por considerar que ese acuerdo supuso una cesión del territorio nacional y de la soberanía a una potencia extranjera.
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