El Defensor pide mayor información de medidas anticrisis para evitar confusión

Sevilla.-  El Defensor del Pueblo Andaluz ha demandado hoy a las administraciones públicas la puesta en marcha de de servicios de información al ciudadano que faciliten el acceso a las medidas anticrisis y eviten la "confusión" que existe en la actualidad.

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(EFE)

ESPAÑA-AND-JUSTICIA-MEDIOAMBIENTE:GR02 GRANADA, 22/04/09.- El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo (i) y el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, durante la rueda de prensa que ofrecieron hoy en Granada con motivo de la celebración de la quinta Jornada de Trabajo organizada por ambas instituciones y dedicadas a los delitos contra el patrimonio histórico, medioambiente y la ordenación del territorio. EFE/Juan Ferreras

José Chamizo, quien ha comparecido hoy en la comisión de Gobierno Interior y Peticiones del Parlamento para informar sobre el informe anual 2008, ha asegurado que hay un "auténtico aluvión" de informaciones anunciando la aprobación por las distintas administraciones de diferentes medidas de ayuda para las personas, las familias y las empresas afectadas por la crisis económica que, debido a su falta de información, crean confusión.

A pesar de ser iniciativas "muy loables", Chamizo entiende que se está generando un problema como consecuencia, precisamente, de esta excesiva proliferación y por la continua revisión de las medidas como consecuencia de la publicación de iniciativas adicionales o complementarias, que, en ocasiones, resultan ser contradictorias con las anteriores o generan confusión entre sus posibles destinatarios.

Además, son distintas administraciones -estatales, autonómicas y locales- las que aprueban nuevas medidas "sin que parezca existir una coordinación previa entre las mismas y sin que se conozcan evaluaciones acerca del posible impacto que tienen sobre otras ya aprobadas anteriormente", advierte Chamizo.

De este modo, el defensor del Pueblo propone a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta la creación de un servicio específico cuya función sea la de recopilar toda la información existente respecto a las ayudas públicas para personas, familias y empresas, para ponerla a disposición de los particulares, instituciones, asociaciones y administraciones.

Chamizo entiende que este servicio debe ser capaz de atender vía internet o mediante el teléfono las consultas de particulares o entidades, evaluar cada caso individualmente, informar acerca de las ayudas existentes que mejor se adecúen a las circunstancias del interesado y, en la medida de lo posible, gestionar dichas ayudas en beneficio del interesado.

Por otra parte, el defensor se ha referido a la repercusión de la crisis económica en los Juzgados de lo Mercantil y ha advertido de que el aumento del número de casos "podría desbordar todas las previsiones efectuadas hasta el momento en relación con la necesidad de disponer de nuevos órganos judiciales de lo mercantil en Andalucía".

Según ha explicado Chamizo, en Sevilla se registraron 102 procedimientos concursales en 2008 frente a los 17 del año anterior; en Málaga 99 frente a los 20 del pasado año; en Cádiz aumentaron de 13 a 38; en Granada, de 5 pasaron a 30; en Jaén, de 6 a 25; en Córdoba, de 11 a 35; en Almería, de 7 a 26; y, por último, en Huelva, pasaron de 1 a 17, el mayor aumento proporcional producido en una capital andaluza.

Ante estos datos, Chamizo ha exigido más Juzgados de lo Mercantil, no sólo incrementando su número donde ya existen sino extendiéndolos a otras provincias.

Respecto al informe, la Oficina del Defensor recoge un limitado aumento del número de quejas presentadas, con un total de 5.672, doce más que el año anterior.

Las materias se concentran en aspectos de educación (680), urbanismo y vivienda (515), salud (492) o aspectos medioambientales (490).

Además, acumulando todas las iniciativas presentadas en relación al personal del sector público se han recibido 904 quejas.

Las quejas de oficio fueron 344, especialmente relativas a casos de maltrato y accidentes laborales, mientras que los informes especiales fueron dos, uno sobre los lugares de custodia de las personas detenidas y otro sobre discapacidad y universidad.

Además, el Defensor aborda un sección específica sobre los menores en la que se desarrolla una atención más específica sobre este colectivo.